Petro-altas cortes

Las altas cortes judiciales esperan que antes de dos semanas se puedan dar las reuniones institucionales entre el nuevo Presidente de la República y la cúpula del poder judicial. Se dice que los voceros de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia así como de los consejos de Estado y Superior de la Judicatura ya tienen una serie de solicitudes al Gobierno, que van desde un aumento de la partida de recursos para la rama -sobre todo en el proyecto de presupuesto para 2023 que ya está siendo analizado por el Congreso-, hasta la petición respetuosa de que su opinión sea tenida en cuenta a la hora de empezar a sentar las bases de una reforma a la justicia, que no será prioridad en esta primera legislatura, sino que podría llegar en el segundo turno del cuatrienio legislativo. Por ahora, se desconoce la fecha de la primera reunión oficial entre el presidente Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.

“Boquete penal”

Y hablando de la Fiscalía y las propuestas del nuevo Gobierno, un experto abogado penalista le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que son “inviables” las ideas que ha escuchado en torno a cómo aplicar algún tipo de beneficio o flexibilidad penal para los más de 170 integrantes del llamado movimiento de “primera línea” que incurrieron en vandalismo y otros delitos en la ola de protestas del año pasado. “… Se está pensando con el deseo pero sin ninguna base real en lo jurídico… El problema no radica en qué pasa finalmente con 150 o 170 personas, sino en que los delitos que se les imputan son comunes y cualquier alivio penal o penitenciario que se les aplique tendría que extenderse de inmediato a todos los sindicados o incluso condenados por conductas similares… Son principios básicos del Derecho que no entiendo cómo hay congresistas y dirigentes políticos que los desconocen… Viabilizar una salida improvisada para los 170 de la ‘primera línea’ abriría un boquete penal de gravísimas consecuencias”. 

Concepto equivocado

La tesis de no pocos congresistas en torno a que es imposible reducirle el sueldo a los actuales senadores y representantes a la Cámara, cuya remuneración mensual está por encima de los 35 millones de pesos, fue controvertida por un exmagistrado de una alta corte, según el cual hay “una equivocada interpretación de la norma laboral que protege la estabilidad salarial… Se aplican jurisprudencias que se hicieron con un enfoque de progresividad… Es decir, que tenían como principal objetivo proteger a los empleados con más bajos salarios y que requieren una protección especial para no ver retroceder su capacidad adquisitiva ni el concepto de mínimo vital… Pero esas directrices jurisprudenciales no se aplican a casos de salarios altos… No es sino revisar las sentencias sobre reajuste hacia abajo de mesadas pensionales altas y allí se encontrará cuál es el fondo del concepto de progresividad laboral y salarial”.

Inflación y salarios

Los sindicatos ya empezaron a analizar cuál podría ser la propuesta inicial para el aumento del salario mínimo el próximo año. Hay distintas opciones pero la mayoría están por encima de un reajuste superior al 15%. Incluso, un veterano dirigente de una central obrera les dijo a varios periodistas del área económica que el gobierno Petro no podía perder de vista que la administración Duque subió el salario de este año en un 10,07%, es decir 4,4% más que el porcentaje de inflación causada en 2021, que fue de 5,62%. Para diciembre de este año el Banco de la República calcula que la inflación cierre en 9,6% y ya el viernes pasado la anualizada a julio se puso en 10,2%.