De Lula a Petro

A mitad de semana el expresidente brasileño Inácio Lula da Silva se mostró en desacuerdo con las propuestas que piden marchitar de forma rápida la exploración y explotación de hidrocarburos. Como es apenas obvio, esta postura fue relacionada de inmediato con la del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien ha venido insistiendo en reducir drásticamente la actividad petrolera para acelerar así la transición a fuentes energéticas limpias. Como se sabe, Lula es candidato presidencial en su país, luego de que los procesos penales por los que fue condenado y en la cárcel, terminaron siendo anulados por la justicia de su país. El dos veces mandatario del gigante suramericano encabeza las encuestas pero poco a poco el actual presidente Jair Bolsonaro se le ha ido acercando en las preferencias electorales.
 

Favorecido Quintero

Un periodista de EL NUEVO SIGLO le preguntó a un parlamentario antioqueño qué pensaba de todo el largo proceso que se llevó a cabo para impulsar una revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Como se sabe, esta posibilidad quedó trunca luego de que el Consejo Nacional Electoral no certificara los informes contables del comité promotor de la iniciativa. El congresista respondió que al final de cuentas “Quintero resultó el más beneficiado con toda esa campaña, ya que la opinión pública de la capital antioqueña terminó dividida entre los partidarios de sacarlo del poder o de dejarlo, sin que se le haya puesto mucha atención a lo que ha sido su gestión en estos casi dos años y medio". Puntualizó que esa división ha impedido que muchos medellinenses evalúen de forma objetiva las actuaciones del mandatario, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de Empresas Públicas de Medellín y la situación de las finanzas de la ciudad en el lío de Hidroituango.
 

Reforma a la vista

Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reforma parcial a la Ley de Garantías Electorales, que fue aprobada a finales del año pasado por el Congreso e impulsada por las mayorías gubernamentales, parlamentarios de los partidos que hoy hacen parte de la oposición tratarán de impulsar una reforma a la Carta que permita crear una figura mediante la cual algunos actos legislativos no puedan entrar en vigor hasta tanto no tengan el fallo de exequibilidad por parte del alto tribunal. Esa es una prerrogativa que se aplica hoy únicamente para el caso de reformas que traten sobre derechos fundamentales, es decir de carácter estatutario. Se trajo a colación que cuando se aprobó esa reforma a la Ley de Garantías, se advirtió que la estrategia del Gobierno era viabilizar la norma a sabiendas de que la Corte muy posiblemente la ‘tumbaría’ pero aun así podría ganarse entre cuatro y cinco meses para la firma de convenios interadministrativos entre entidades públicas en medio de una campaña proselitista.

Moción a Registrador

Y hablando de reformas, otra que se presentará al Congreso partir del próximo 20 de julio tiene que ver con la posibilidad de que el Registrador Nacional también pueda ser objeto de moción de censura por parte de alguna de las dos cámaras legislativas, siempre y cuando las mayorías de esas corporaciones consideren que el alto funcionario puede ser blanco de una sanción política de este estilo, lo que implicaría su salida inmediata del cargo. Uno de los principales motivos para impulsar esta reforma se relaciona con circunstancias como las que se presentaron en los comicios parlamentarios de marzo pasado, sobre todo por los errores en el preconteo de los votos para Senado.