Una más

No para la andanada de proyectos de ley y reforma constitucional para reformar el acuerdo de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos con las Farc. La última movida en esta dirección fue la de la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, que radicó un proyecto de ley con el que se pretende establecer la revocatoria de la medida de aseguramiento dentro de la Ley 1922 de 2018 por medio de la cual se adoptaron las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según la congresista, con esta medida se beneficiará directamente a los que no estén condenados y a los comparecientes o quienes manifiesten su deseo de acogerse a la JEP, siempre y cuando no hayan cumplido con 5 años de privación efectiva de la libertad.

La de Uribe

Pero no es la única acción en ese sentido. A finales de agosto pasado el expresidente Uribe presentó el borrador del acto legislativo “para superar asimetrías judiciales y accesos a la justicia”, que si bien no busca establecer una ‘una amnistía general’, como lo había planteado inicialmente el exmandatario cuando habló ante la Comisión de la Verdad, sí pretende que por una sola vez los condenados por delitos distintos a corrupción y lesa humanidad, puedan tener derechos políticos. Como se sabe, la filosofía de la propuesta es que así como las Farc se les permitió hacer política pese a no haber pagado un solo día de cárcel por sus múltiples crímenes, también exista algún tipo de flexibilidad en la materia para el resto de condenados o sindicados por delitos comunes, excepto por delitos como homicidio, desaparición forzada, tortura, violación, corrupción y parapolítica, entre otros.

Lupa a cooperación

Y hablando de la implementación del acuerdo de paz, como se sabe el Gobierno y el partido Comunes tienen ópticas distintas al respecto. El trámite del proyecto de presupuesto general para 2022 ha sido escenario de un duro contrapunteo al respecto, ya que mientras el Ministerio de Hacienda defiende que la iniciativa que pasó a consideración de las plenarias aumenta las partidas para el desarrollo de los programas y proyectos derivados del acuerdo, la oposición insiste en que las partidas destinadas a este aspecto son supremamente inferiores a presupuestos como el de la seguridad y defensa. Lo cierto es que tras las giras del presidente Duque por España y Estados Unidos se lograron concretar unos importantes recursos para temas que tiene que ver directamente con la implementación. Por lo mismo ya se anunció un debate de control político para verificar el cómo, cuándo, dónde y para qué de la destinación de esos dineros de cooperación internacional.

¿Tampoco en este?

A propósito de la orden presidencial del martes pasado al Ministerio de Defensa para que se redoblen los operativos para capturar a alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, luego de la emboscada de ese grupo ilegal a una patrulla del Ejército en Córdoba que dejó a cinco uniformados asesinados, un exalto funcionario del gobierno Santos recordó que en 2018 una de las mayores críticas a esa administración por parte del uribismo era que llevaba varios años en la persecución del señalado delincuente pero acababa su gestión sin dar un resultado positivo al respecto. “Al parecer el gobierno uribista tampoco pudo con el tema”, precisó el exfuncionario.