“Para alquilar balcón”

Esa fue la expresión que un defensor de derechos humanos utilizó para lo que espera sea la sesión virtual que la Corte Constitucional convocó para el próximo 4 de junio con el fin de hacer seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 en torno a la “vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de la niñez wayuu de La Guajira, causada por fallas estructurales y la desarticulación entre las diferentes autoridades nacionales y territoriales”. Según la activista de derechos humanos, que ha llevado varios casos de la población indígena, “… lo que esperamos demostrar es que hay una desconexión muy amplia entre la formulación de las políticas de lucha contra la desnutrición y el detrimento de derechos de los niños wayuu, y la aplicación sobre el terreno de esas directrices”.

La sentencia

La referida sentencia declaró el estado de cosas inconstitucional en relación “con el goce efectivo de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, por lo que impartió una serie de órdenes a fin de implementar las medidas necesarias para superar la situación evidenciada”. Luego, mediante el Auto 042 del 10 de febrero pasado, la Sala Octava de Revisión decidió asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia, luego de encontrar que “a la fecha no existe un plan de acción ni un mecanismo de evaluación de las políticas públicas implementadas, así como tampoco existe un diálogo entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales con las autoridades del pueblo wayuu”.

¿Investigaciones?

“… Nosotros creemos que existe todo el marco indiciatorio para poder iniciar pesquisas disciplinarias, fiscales y penales contra funcionarios del gobierno Santos pero sobre todo del gobierno Duque, debido a que el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia es palpable”, agregó el defensor de derechos humanos consultado, que pidió la reserva de su nombre. Agregó que las investigaciones también deben extenderse a gobernadores y alcaldes, al tiempo que debe “ponerse en blanco y negro” cómo ha sido la relación de trabajo y disposición de recursos con los líderes de los resguardos. Incluso citó que la investigación de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins, denominado “Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte”, dejó en claro, “… como bien lo mencionó la Corte en la citación a esta sesión técnica virtual que ‘… la pandemia y el aislamiento acentuaron el estado de cosas inconstitucional en La Guajira’”.

CPI y paro

Un exmagistrado auxiliar de una alta Corte judicial le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… sorprende la poca profundidad de algunos dirigentes políticos, congresistas y hasta funcionarios públicos que han traído a colación que la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma podrían activarse para investigar algunas de las circunstancias graves que se han registrado en medio de las jornadas de paro de las últimas tres semanas…. Aquí hablamos de la CPI, el Estatuto, delitos de lesa humanidad, jurisdicciones prevalentes, demandas al por mayor… sin tener en claro qué es la Corte y para qué sirve… Se pone sobre la mesa como si fuera el ‘coco’ o un elemento de presión, desdibujando peligrosamente su rol y facultad en Colombia”.