Trabajo virtual
Como “mal augurio” calificó un dirigente sindical que la comisión Séptima del Senado haya aprobado esta semana un proyecto que reglamenta la modalidad de “trabajo alternativo virtual”. De acuerdo a ponentes como la senadora Aydeé Lizarazo Cubillos, la iniciativa tiene por objeto promover la modalidad del trabajo virtual, como un mecanismo alternativo para que el trabajador desarrolle sus funciones o labores, mediante el uso de tecnologías, sin que se modifiquen las condiciones de trabajo inicialmente pactadas. Además de lo anterior, también contempla un auxilio digital cuando el trabajador desarrolle sus funciones o labores bajo la modalidad del “trabajo alternativo virtual”, en tal caso, especifica que el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte, como auxilio digital a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros aspectos. Se aclaró que este proyecto de ley en materia de “trabajo virtual alternativo” es muy diferente al teletrabajo que ya está establecido en la ley 1221 de 2008. Su aplicación se daría en situaciones de riesgo o excepcionales relacionado con la salud pública, el orden público o fuerza mayor que no permitan al trabajador la ejecución de labores de manera presencial.
¿Concertación?
“… Esos temas son propios de la Mesa de Concertación pero allí nada que se discute este tema, que será determinante para la discusión del aumento salarial del mínimo para 2021… Uno escucha el presidente Duque y el Ministro de Trabajo hablar de la concertación de las reformas laborales pero en la práctica no se está cumpliendo ese promeserío”, dijo la fuente sindical a un periodista de EL NUEVO SIGLO.
Críticas a proyecto
Un grupo de internacionalistas es de la opinión de que el Congreso no ha analizado con suficiente profundidad el proyecto de ley que establece una Política Integral Migratoria. “… Hay algunos temas que son un verdadero saludo a la bandera… La obviedad normativa es mucha y, en cambio, hay otros aspectos que se debieron haber reglado para dar un verdadero salto cualitativo en la política migratoria y no solo ante el fenómeno de la diáspora venezolana”, precisó un experimentado profesor de Relaciones Internacionales de una de las principales universidades de la capital del país. Agregó que no ve “lazos comunicantes” entre esta política integral migratoria y la Ley de Fronteras, que también está “desactualizada” en muchos aspectos clave de lo que ha ocurrido en la última década. Puntualizó que al proyecto, que fue radicado hace varios meses, le faltó mayor socialización con la academia.
Razones de Blum
Lo cierto es que la iniciativa fue aprobada hace dos semanas en segundo debate en la plenaria del Senado. En esa ocasión la canciller Claudia Blum señaló que este proyecto ha sido priorizado por el Gobierno nacional. “Ha sido el fruto de un trabajo impulsado por el sector de Relaciones Exteriores, enriquecido por los congresistas coautores y ponentes, y otras entidades de Gobierno”, sostuvo la ministra. De acuerdo con Blum el proyecto tiene como fin promover una migración segura, regular y ordenada, con enfoque de derechos humanos. La iniciativa adapta y actualiza dispersos marcos regulatorios, para tener una ley acorde con la realidad actual de Colombia como país emisor, de tránsito y receptor de migrantes. También incluye medidas para la atención a los colombianos migrantes que requieren servicios o apoyo en el exterior, incluso en situaciones de vulnerabilidad. Así mismo, programas para vincularlos con el país y para acompañarlos cuando decidan regresar. Asimismo, contiene disposiciones para la integración social y económica, ordenada y legal de los extranjeros que buscan establecerse en el país.