No va más

El viernes pasado, en el marco de la cumbre de gobernadores que se realizó en Manizales, el registrador nacional Alexander Vega explicó a los mandatarios seccionales los avances en el debate al proyecto de reforma al Código Electoral en el Congreso. “Cumpliendo con el plan de reactivación económica, el presidente de la República tomó la iniciativa y, a través de una ponencia avalada entre las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado, se está determinando la eliminación de la Ley de Garantías”. No es la primera vez que se habla de la derogatoria de esta norma que entró en rigor en 2005, precisamente con el fin de buscar algún tipo de equilibrio frente al acto legislativo aprobado un año antes eliminando la prohibición en Colombia de la reelección presidencial inmediata. “Si las cosas se dan en el tiempo, y el Código se aprueba antes del 30 de noviembre y pasa el examen de la Corte Constitucional, no habrá Ley de Garantías el otro año”, dijo Vega.

Paradojas

La Ley de Garantías fue sancionada, un 25 de noviembre de 2005, por el entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, quien ejercía como ministro delegatario de las funciones presidenciales. Como se sabe, Pretelt y otros altos funcionarios del Gobierno así como varios parlamentarios resultarían luego procesados por la justicia debido al escándalo de la llamada “yidispolítica”, al evidenciarse un tráfico de influencias para lograr la aprobación de la reforma constitucional que eliminó el “articulito” que prohibía la reelección presidencial consecutiva y le abrió el camino para que en 2006 Uribe fuera el primer mandatario, en décadas, que podía repetir de manera inmediata en la Casa de Nariño. La referida ley establece limitaciones en materia de contratación, movimientos de nómina, inauguración de obras públicas, publicidad oficial y otros actos administrativos que puedan darle ventaja política y electoral al presidente-candidato o sus partidarios.

Cero y van dos

Luego de que en 2015, por iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (reelecto en 2014), se eliminará la posibilidad de reelección presidencial, ya fuera consecutiva o no, en varias ocasiones se planteó el debate sobre la necesidad de acabar la Ley de Garantías Electorales o, al menos, reformarla drásticamente para disminuir el número de restricciones a los gobiernos en épocas electorales. Sin embargo, en el Congreso la propuesta no progresó. Ya en el gobierno Duque, a comienzos del año pasado, la Casa de Nariño también se comprometió con gobernadores y alcaldes a reformar la Ley de Garantías, e incluso en abril de 2019 envió al Parlamento un mensaje de urgencia para acelerar el trámite de un proyecto de acto legislativo en esa dirección radicado por el uribismo en el segundo semestre de 2018. Tampoco alcanzó a ser aprobado.

Razones y peros

En esta ocasión, aunque el tema no se incluyó en el proyecto inicial de reforma al Código Electoral, radicado a finales de agosto por las autoridades electorales y el Consejo de Estado, ahora el Gobierno aceptó que se debata en esta iniciativa la eliminación de la Ley de Garantías. La iniciativa ya tiene, incluso, mensaje de urgencia. Lo cierto es que los partidarios de eliminar esta norma sostienen que no existiendo la posibilidad de reelección inmediata presidencial, como tampoco en gobernaciones ni alcaldías, la Ley pierde mucho sentido. Además, es claro que como a finales del año próximo debe entrar a regir la norma por las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022, limitar la contratación de obras públicas en plena época de reactivación económica pospandemia en 2021 sería muy complicado. Aun así en el Congreso hay voces que ya advierten que eliminar todas las restricciones sería una puerta abierta a la riesgosa participación de funcionarios públicos en política.