Palo a la JEP (I)
Una muy dura columna contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) escribió el senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales Escobar, en referencia a la decisión de esa instancia judicial sobre el atentado perpetrado en 2006 contra la Escuela Superior de Guerra, en el marco de la cual está siendo juzgada alias ‘Mata Hari’. Tras hacer un recuento de varias de las decisiones de la JEP que el uribismo considera que favorecen a los exFarc y atentan contra el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, Corrales recalcó que en el tiempo que lleva funcionando esta instancia creada por el acuerdo de paz del anterior gobierno, “se han realizado 82 audiencias, 429 versiones voluntarias y 0 condenas contra miembros de la guerrilla de las Farc”. También, trajo a colación que la exguerrilla no ha entregado “por completo” sus bienes ni reparado a las víctimas. “Hoy, algunos de sus cabecillas ya regresaron a la ilegalidad y los congresistas del nuevo partido político que transitan serenamente por los pasillos del Congreso, no se han hecho responsables por las disidencias de sus militantes. Aun así, tienen el descaro de hablar de incumplimiento por parte del Gobierno nacional”.
Palo a la JEP (II)
Pero la descarga crítica del senador uribista no terminó allí. “… Como dato adicional y para hacernos una idea del negocio de la paz, este tribunal (la JEP) tiene un presupuesto para 2020 de $316.000 millones, mientras que el Ministerio de Justicia y Derecho tiene un presupuesto asignado de $112.000 millones, una diferencia de $204.000 millones. (Ley 2008, 2019)”. Por último, Corrales dijo que “urge analizar el papel de la JEP en el ejercicio de la justicia, sus fallos en perjuicio de las víctimas y de la fuerza pública, su costoso funcionamiento y más que nada, su objetivo real, que hasta ahora parece ser la impunidad. Por todo esto mi pregunta es, ¿a quién defiende la JEP?”
Caso Bojayá (I)
Y hablando de la JEP, varios juristas consideran que esa jurisdicción se apresta a “meterle diente” a un caso en el que los exFarc no podrán acudir a diferenciales semánticos ni otras maniobras para tratar de esquivar su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad ¿Cuál caso? Pues nada menos que la masacre de Bojayá, perpetrada por un frente subversivo en 2002, que atacó con explosivos y fusiles la Iglesia de este corregimiento chocoano creyendo que allí se escondían grupos paramilitares. Sin embargo, eran civiles los que se habían refugiado en el recinto católico huyendo de los cruentos combates de guerrilleros y paramilitares, que luchaban por el control de la zona. Al final, fueron alrededor de ochenta las personas asesinadas en el templo, entre ellas varias menores de edad. Incluso, solo algunas semanas atrás, se entregaron a sus familiares los restos de algunas de las víctimas, 18 años después de la matanza.
Caso Bojayá (II)
El miércoles pasado la Sección de Revisión de la JEP indicó que en los términos de los artículos 1 y 12 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017, el numeral 5 del Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto, Ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004 y el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, emplazó por el término de diez días hábiles, a las personas que podrían ser consideradas víctimas directas o indirectas con ocasión a los hechos en Bojayá ocurridos en mayo de 2002, informándoles sobre su derecho a acreditarse en la acción de Revisión solicitada por el compareciente Gilberto de Jesús Torres Muñetón, en el proceso radicado 2018120160503158E/ 40-000090-2018.