Confianza tributaria

Si bien es cierto que el cronograma está ajustado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está confiado en que el proyecto de Ley de Financiamiento, que se debate en las comisiones económicas conjuntas, saldrá la primera semana de diciembre o, a más tardar, la segunda, a plenarias, dejándole a Senado y Cámara suficiente tiempo para analizar la iniciativa y darle visto bueno. Incluso hay congresistas que consideran que no habría necesidad de sesiones extras si los partidos, desde las comisiones económicas, logran acuerdos de fondo sobre la nueva iniciativa tributaria. No se descarta, incluso, que el propio presidente Duque lidere una reunión al respecto en la Casa de Nariño con el fin de asegurar la aprobación de un proyecto que califica de fundamental para continuar con el proceso de reactivación económica, que tuvo su confirmación con el reciente dato del DANE en torno a que la economía creció 3,3% en el tercer trimestre de este año.

Las firmas calificadoras

Y hablando de la tributaria, en los círculos económicos se indica que las firmas calificadoras de riesgo de inversión estarían aplazando sus notas más importantes sobre la economía colombiana en espera de lo que pase en el Congreso con el proyecto de Ley de Financiamiento, bajo la tesis de que el panorama fiscal es uno con esa iniciativa en vigencia de nuevo (tras ser declarada inexequible en octubre pasado por la Corte Constitucional pero dejando vivos sus efectos hasta el próximo 31 de diciembre) y otro muy distinto si el Gobierno se quede sin una norma que le representaría ingresos por más de siete billones de pesos en 2020. Sin embargo, el Ejecutivo es de la idea de que si las firmas calificadoras de riesgo dieran sus notas en estos momentos (como pasó el jueves pasado con Fitch), el resultado del PIB del tercer trimestre y otros indicadores micro y macro darían lugar a que no hubiera retroceso en la visión sobre la marcha económica.

¿Prohibir los encapuchados?

Un congresista, que pidió la reserva de su nombre, indicó el jueves pasado, tras los disturbios en Bogotá, que era necesario insistir, de nuevo, en un proyecto de ley que prohibiera los encapuchados en las concentraciones de ciudadanos en los espacios públicos. Según el parlamentario, si los propios sindicatos y organizadores del paro del jueves pasado terminaron reconociendo que fueron los infiltrados los que armaron los desórdenes, entonces es viable presentar el proyecto de ley para facultar a la Fuerza Pública a retener a quienes en las marchas cubren sus caras con “capuchas”. Indicó que “… si un tema como este se sometiera a un plebiscito, le aseguro que la mayoría de la ciudadanía votaría a favor de prohibir los encapuchados en las manifestaciones porque ya está harta de cómo deslegitiman la misma protesta social y afectan bienes públicos, privados y hasta a la Fuerza Pública”.

Sacando pecho…

Ya está claro que este año no se podrán reanudar las fumigaciones con glifosato a los narcocultivos. El Gobierno no ha terminado de confeccionar el protocolo para poder reanudar las aspersiones. Debe presentárselo al Consejo Superior de Estupefacientes cumpliendo los condicionamientos de la Corte Constitucional en torno a disminuir la afectación a los seres humanos, las fuentes hídricas y los cultivos legales. Paradójicamente en el Ejecutivo consideran que esta demora tiene su aspecto positivo, porque sin utilizar de nuevo este químico, que es el arma más efectiva para combatir los sembradíos ilícitos y sobre todo el alto porcentaje de resiembra, el 2019 va a cerrar con el cumplimiento sobrado de la meta de erradicación fijada para este año.