Preocupante panorama
En medio de una semana en que todo el foco de atención estuvo puesto en la indagatoria al expresidente Uribe, poco eco se le puso a lo que fue el informe que sobre Colombia se presentó en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que culminó el pasado lunes en Coral Gables, Florida. El panorama es bastante complejo. “El creciente asedio por parte de grupos armados a líderes sociales y a personas reconocidas por su trabajo en aras de la comunidad tocó de forma trágica a la prensa en este período. Dos periodistas, Libardo Montenegro y Mauricio Lezama, fueron asesinados, según indicios confiables, por su trabajo como periodistas y en particular en temas de paz y derechos humanos. Estas muertes se complementan con las amenazas a periodistas, en particular, en territorios escenario de disputa entre ilegales. Otra tendencia creciente es que se recurre a la justicia para intentar silenciar denuncias periodísticas, obligando a los medios a emprender costosas batallas legales”, señaló el citado informe.
Judicializar a la prensa
De igual forma ante la SIP se advirtió que continúa en aumento la tendencia por parte de ciudadanos y entidades de recurrir a vías judiciales, denuncias penales, tutelas y acciones por responsabilidad civil en contra de los medios. También se apela al derecho al olvido aprovechándose de los vacíos legales para eliminar noticias de los archivos digitales de los medios. De acuerdo con el informe sobre Colombia analizado en la SIP -que hasta esta semana fue presidida por la colombiana María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali-, “la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Procuraduría General de la Nación vienen realizando una recopilación de casos para establecer si existe un patrón o un modus operandi tras estas acciones legales, en particular por parte de entes estatales”.
¿Distorsionar rostros?
En la Asamblea de la rectora continental de la libertad de prensa, también se puso sobre el tapete la preocupación que causó un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali que ordenó al diario El País distorsionar el rostro del protagonista de un accidente vehicular que registró un video ciudadano que publicó el medio. Este fallo podría generar un precedente de obligar a los medios a buscar la autorización previa de quienes participen en hechos noticiosos. Se espera que la Corte Constitucional acoja la solicitud de revisión del fallo.
¿Veto en audiencias?
Preocupa, igualmente, el desenlace que pueda tener el caso de una tutela presentada por un grupo de periodistas tras la decisión de una juez de no permitirles estar presentes durante la audiencia de un juicio contra el exdirector de la cárcel nacional Modelo. Según lo reportado a la SIP esta facultad de los jueces de pedir el retiro de la prensa solo procede en casos determinados por la ley de forma taxativa. Entre estos están los que toquen a la seguridad nacional, el orden público y aquellos en los que tengan relación directa menores de edad. La tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional -última instancia- de la que se espera un pronunciamiento próximamente.
Sentencias condenatorias
Por último se indicó que la estrategia de dar prioridad a la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos derivó en tres sentencias condenatorias contra responsables del delito de amenaza a periodistas. Una de ellas condena a 38 meses de prisión y multa de 6.5 salarios mínimos a Francisco Javier Andica Acevedo por sus amenazas en redes sociales contra varios periodistas, entre ellos, el caricaturista Julio César González Quiceno, 'Matador'. Otra condena fue a John René Gélvez Gélvez por 53.3 meses de prisión debido a sus amenazas contra el periodista Jorge Eduardo Espinosa que trabajaba para RCN Radio. También se reportó que el 6 de agosto, día en el que Jineth Bedoya recibía el anuncio del Gran Premio Libertad de Prensa 2019 de la SIP, recibió amenazas en su celular.