La celebración del Bicentenario independentista en algunas regiones estuvo marcada por la controversia, debido a que al ser un acto patriótico algunos candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos aprovecharon para dejarse ver en los actos conmemorativos, bajo la tesis de que así no los podían acusar de estar al lado de los mandatarios salientes en actos que podrían interpretarse como participación en política partidista. Sin embargo, en algunos departamentos y municipios se alcanzó a escuchar que la inédita circunstancia sería puesta en consideración de la Procuraduría para que sea el ente de control disciplinario el que establezca si se trató en una situación normal o de una ‘avionada’ de algunos gobernadores y alcaldes para dar vitrina a sus fichas para sucederlos.

Réplica de La U

Un parlamentario de La U le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que ya ha visto quién es quién en materia de candidaturas a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. “Se puede ver que los arúspices, parafraseando a un elocuente senador de Cambio Radical, que pronosticaban que nuestro partido sería desmantelado y que bajaría en gran volumen el número de candidatos avalados para los comicios de octubre próximo, se descacharon más que las encuestas del plebiscito de paz… Ahora nos falta la prueba real, en las urnas, y le aseguro que quienes pronostican nuestra extinción se quedarán con los crespos hechos”, comentó.

Políticos e historia

Un veterano académico, autor de varios libros, advertía esta semana frente al alud de escritos y análisis alrededor de los hechos que rodearon la campaña libertadora colombiana dos siglos atrás, que así como se dice que “la historia la escriben los vencedores”, en alusión a que esta es la óptica que prima respecto a cómo sucedieron las cosas en el campo de batalla, “… en Colombia habría que variar en algo esa famosa premisa por una que dijera ‘la historia la distorsionan los políticos e historiadores de cóctel’”. Sin comentarios.

No tocar Ecopetrol

En el alto gobierno consideran que si bien es cierto que para fondear el presupuesto general de la Nación para 2020 y 2021 están contemplados el ingreso de no menos de cinco o seis billones de pesos producto de la privatización de activos públicos, no es conveniente en medio de la actual coyuntura petrolera pensar en la posibilidad de sacar al mercado un poco menos del 10% de acciones de Ecopetrol. No solo porque la estatal el año pasado le giró $26 billones al Estado, que es el accionista mayoritario, sino porque en ningún país latinoamericano se está pensando en estos momentos en enajenar activos del sector de hidrocarburos, y por algo será.