17 extradiciones al mes

El gobierno Duque ha adelantado 187 extradiciones en los 11 meses largos en que ha estado en el poder. Esto quiere decir que, en promedio, al mes han sido entregados a la justicia de otros países 17 colombianos y extranjeros. “… Se ha podido avanzar con el apoyo de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia para que nosotros les podamos decir, a todos los criminales que no tienen ni santuario, ni madriguera en el territorio colombiano, y que haremos cumplir siempre el principio de legalidad”, precisó el Jefe de Estado esta semana. Paradójicamente en estos días el tema de la extradición se ha movido mucho, ya que España autorizó la del empresario Carlos Mattos a Colombia, e igual hizo Estados Unidos con respecto al exministro Andrés Felipe Arias. Asimismo, el Gobierno nacional pidió oficialmente a Cuba la extradición de uno de los negociadores de paz del Eln, sindicado de terrorismo por el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en enero pasado en Bogotá.

Una indirecta muy directa

En medio de la tensión por la investigaciones que adelantan la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto ingreso de dineros de la cuestionada multinacional Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, el presidente Duque dijo esta semana, en el aniversario de la Fiscalía, que “… espero además, que en esa lucha contra la corrupción, podamos también lograr mayor transparencia en los procesos electorales. Hablamos, hace pocos días señor Fiscal (Fabio Espitia), que son pocos los que están en las cárceles condenados por la corrupción electoral; ahí tenemos que avanzar con su concurso apreciado Contralor (General de la República, Carlos Felipe Córdoba) con el concurso también de la Procuraduría (General de la Nación), señor Viceprocurador (General de la Nación, Juan Carlos Cortés), pero tenemos que proponernos que estas elecciones de octubre sean unas elecciones sin mácula, en lo que tiene que ver con la corrupción electoral. Tenemos que trabajar en ese propósito y en la cooperación armónica”.

Ojo al Código

Una vez más está sobre el tapete la posibilidad de que en Colombia se imponga la cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad. No es un tema nuevo, desde hace más de una década se ha polemizado al respecto. Incluso se recuerda que el constitucionalista Juan Manuel Charry, en una columna para la revista Semana, en octubre del año pasado, advertía que “…El Código Penal, para el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, establecía prisión de cuatro a ocho años, posteriormente, incrementada de 12 a 20 años. La primera disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, sin cuestionar la proporción y magnitud de la pena. Ahora bien, con la propuesta de prisión perpetua, cómo diferenciar a un abusador que solo comete un delito con otros que cometen decenas o cientos de violaciones, como ya ha ocurrido, ¿todos tendrían la misma pena?”.

Quieto en primera

En algunos círculos castrenses se afirma que si bien es cierto que la cúpula militar respalda las medidas tomadas esta semana por el Ministerio de Defensa por presuntos actos de corrupción y órdenes anómalas, que incluso determinaron el llamado a calificar servicios de un general, es necesario que se produzca una reunión de alto nivel, a puerta cerrada y encabezada por el presidente Duque, para despejar cualquier tensión en el alto mando. Lo cierto es que, por el momento, en los corrillos palaciegos se reitera que pese a las presiones de algunos sectores de izquierda y también de varios columnistas y medios de comunicación, el titular de Defensa, Guillermo Botero, se encuentra más que ‘atornillado’ al cargo.