El Gobierno ya suma como un triunfo anticipado que el acto legislativo que presentó para desligar el secuestro y el narcotráfico del delito político será aprobado antes del 20 de junio y se convertirá en mandato constitucional. La semana pasada la iniciativa surtió su séptimo debate en la Comisión Primera del Senado, con un aplastante respaldo de 14 votos contra cero en contra. Así las cosas, solo resta el último debate en la plenaria del Senado en donde se da por descontado que la iniciativa, radicada en agosto del año pasado, será votada positivamente por las mayorías oficialista y Cambio Radical, aunque en el liberalismo todavía tiene algunas reservas. Para algunos analistas es claro que este será un punto a favor de la permanencia de Nancy Patricia Gutiérrez en la cartera del Interior, después del fracaso de las objeciones a la JEP y el hundimiento de la reforma política.

De aquello, nada…

También se afirma que una vez se apruebe esta reforma constitucional definitivamente quedarán sepultadas las posibilidades de un nuevo proceso de paz con la guerrilla del Eln, al menos en lo que resta del actual gobierno Duque, que apenas si lleva 10 meses y unos pocos días en el poder. No hay que olvidar que el acto legislativo al que solo le falta el último debate en la plenaria del Senado es taxativo en señalar que en ningún caso los delitos de secuestro o aquellos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual en menores, al igual que los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o conexos, lo que significa que no habrá amnistía ni indulto. Es claro que el Eln es la guerrilla que más tiene acusaciones de secuestros extorsivos en el país, no así tantos procesos por narcotráfico. De allí que, a menos que un próximo gobierno cambie esta reforma constitucional, difícilmente la cúpula elena aceptará un proceso de paz en el que, de entrada, tendrían que pagar cárcel por secuestro y narcotráfico.

Dudas jurídicas (I)

Aunque el Gobierno ha sido claro en torno a que el ‘divorcio’ entre el delito político frente al secuestro y el narcotráfico no tiene aplicación retroactiva, lo que significa que no afectará el acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc, hay distintas interpretaciones al respecto. Para algunos juristas la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad de las leyes y actos legislativos derivados del pacto con las Farc, ya dejó en claro que el secuestro y el narcotráfico pueden ser considerados conexos con el delito político, sobre todo con el de rebelión, si se comprueba que los recursos ingresados por ambas prácticas delictivas no se destinaron el enriquecimiento ilícito de unas pocas personas, sino que se invirtieron en actividades propias del alzamiento en armas, esto es en compra de armas, mantenimiento de tropas sublevadas y otros gastos relacionados con operaciones subversivas.

Dudas jurídicas (II)

“…Esa jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterada a ese respecto… E incluso la propia Corte Suprema de Justicia la aplicó en algunas sentencias… Aunque parecería claro que el acto legislativo que presentó el gobierno Duque solo tiene efectos hacia adelante, más aún por las implicaciones en materia de la no retroactividad de la norma penal agravante, habría que revisar si la Corte Constitucional no asume el camino de considerar inexequible este acto legislativo del gobierno Duque por la vía de encasillarlo en la tesis de una sustitución de la propia Carta”, precisó un reconocido jurista, que pidió la reserva de su nombre.