No de Boyacá a cárcel
En esta región se está fortaleciendo un movimiento en contra del proyecto para construir una nueva cárcel en ese departamento. Paradójicamente fue el exministro de Justicia y hoy senador de la Alianza Verde, Jorge Londoño, el que informó a la plenaria de esa corporación que no entendía cómo cuando el país está celebrando los 200 años de la campaña libertadora de Simón Bolívar, que tuvo en Boyacá una de las batallas que sellaron la Independencia, se le anuncie a ese departamento la construcción de otra cárcel, pese a que ya tienen una de máxima seguridad, como la de Cómbita. Como se sabe, la anterior ministra de Justicia, Gloria María Borrero, había reiterado hace pocas semanas que uno de los “sueños” del Gobierno era poder concretar la construcción de la “Cárcel del Bicentenario” en Boyacá. La iniciativa no ha caído nada bien en ese departamento, que considera que el penal debería ser ubicado en otra región.
Hacinamiento del 50%
Lo cierto es que ese proyecto de una nueva cárcel en Boyacá hace parte del plan del Gobierno para disminuir el hacinamiento en las prisiones, que continúa siendo muy alto. Precisamente la semana pasada, el ministro de Justicia encargado, Juan Francisco Espinosa, Palacios presentó en el Congreso un corte de cuentas al respecto. “La oferta del país se ha mantenido estable con 80.000 cupos, pero la demanda de personas que ingresan al sistema es de aproximadamente 120.000, con una tendencia creciente. Estamos hablando de un hacinamiento de alrededor del 50%. Al revisar los costos de sostenimiento anual de un privado de libertad, encontramos que equivale a $25 millones y la creación de un cupo, a $120 millones. Como sociedad tenemos que pensar ¿qué clase de país queremos ser?”, dijo el alto funcionario. Aseguró que no se puede sacrificar al país en términos de salud y educación por la necesidad de construir cupos carcelarios; debe existir un balance entre cupos e inversión social.
Reforma penal en ciernes
Lo que sí anunció Espinosa Palacios, aunque no tuvo el suficiente eco mediático, es que en materia de política criminal se están preparando ajustes para algunos tipos penales, pues hay algunos delitos que no pueden tener pena privativa de libertad, como la inasistencia alimentaria, caso en el que debe haber una sanción financiera que proteja a los niños. “No pueden haber criminales de alta peligrosidad en la calle mientras hay personas detenidas por demandas de alimentos”, precisó. Por ahora falta establecer cuándo se posesionará la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien por ser saliente magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es claro que tiene mucha experticia en temas penales y deberán sentar línea sobre qué es lo procedente en las reformas que están en ciernes.
Pleito millonario
Durante el debate del martes pasado en la plenaria del Senado, cuando se aprobó el proyecto de modernización del sector de las tecnologías de información y comunicaciones, el congresista del Polo, Alexander López, le recordó al Gobierno que debía estar atento a las demandas que los operadores privados del sector tienen pendientes contra el Estado colombiano y cuyo monto estaría por encima de los 2.000 millones de dólares. Ante semejante cifra, varios colegas de López indicaron que empezarían a recabar información de este hecho para citar a un debate de control político a las ministras de Justicia y de las TIC, así como al director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Camilo Gómez, con el fin de que informen al Congreso cómo van esos pleitos y cuál es la estrategia del Estado para evitar perderlos.