Alerta por sicariato
Varios alcaldes de ciudades capitales consideran que la estrategia de seguridad del Gobierno nacional requiere ser más efectiva en cuanto a cómo enfrentar los crecientes casos de sicariato que se están presentando en las grandes ciudades. Incluso uno de los mandatarios le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que si esta modalidad de homicidio no se reduce en los próximos meses, será necesario volver a medidas preventivas aplicadas años atrás en plenos picos de inseguridad. Una de ellas sería la de volver a establecer la prohibición del parrillero en las motocicletas en zonas urbanas. Paradójicamente en los casos más recientes de sicariato lo que se está viendo es que los atacantes se movilizan en una o varias motos pero no llevan parrillero. En el Congreso ya anunciaron que citarán al Fiscal General, el Ministro de la Defensa y el Director de la Policía para que expliquen a qué se debe este repunte del sicariato.
El reloj de Duque
“A usted le quedan cuatro meses, a mí me quedan tres años y cuatro meses. Y yo quiero decirle que está su casa, a usted y a sus ministros. Y que los empresarios que están hoy acá, de los dos países, representan lo mejor de una fructífera relación bilateral que hemos construido”. Así se lo dijo el presidente Iván Duque a su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela, durante el encuentro que sostuvieron en Bogotá el martes pasado. Es la primera vez que el Jefe de Estado colombiano hace alusión a la cuenta regresiva en la Casa de Nariño. Duque ya completa ocho meses en el poder y, como se sabe, ya se eliminó la posibilidad de la reelección. Para algunos analistas, con mandatos cuatrienales es claro que el grueso de la gestión se enfoca en lo que haga el Presidente en los primeros dos años y medio, ya que después toma ritmo la campaña presidencial.
Lupa a rendición de cuentas
A raíz de una reciente encuesta del DANE un parlamentario de la oposición es de la tesis de que las jornadas de rendición de cuentas deben replantearse, ya que terminaron convertidas en actos de mera formalidad, sin mayor participación de la opinión pública y una muy baja capacidad de evaluación crítica por parte de las veedurías ciudadanas. Según la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental (EDID), dada a conocer hace tres semanas, en 2018, 41,2% de los servidores conocieron o participaron en alguna acción de rendición de cuentas de su entidad en los últimos 12 meses. Incluso, las gobernaciones de Huila y Tolima son las entidades donde más servidores informaron conocer o haber participado en alguna acción de rendición de cuentas en su entidad en un 74,8% y 73,3% respectivamente. Por el contrario, los menores porcentajes de respuestas afirmativas se encuentran en la Gobernación de La Guajira (26,9%) y en la Gobernación de San Andrés (19,9%).
Génesis de la corrupción
Otro de los aspectos clave de la encuesta, que está siendo evaluado por el alto gobierno, sobre todo en las instancias encargadas de esta política, es el relacionado sobre cómo se tramitan las denuncias sobre corrupción. Al preguntársele a los funcionarios sobre a quién acudirían en caso de tener que denunciar un acto de corrupción. La primera instancia a la que acudirían los servidores públicos sería su jefe/a inmediato (34,9%) seguido de la oficina de control interno y/o disciplinario (20,3%) y a la Procuraduría General de la Nación (16,8%). También llamó la atención que los servidores consideran que los factores que más pueden influir para que se presenten prácticas irregulares en la administración pública son la ausencia de valores éticos (42,5%) y la falta de controles (13,6%).