7 de marzo, cita clave
El próximo 7 de marzo el gobierno Duque tiene una cita de primer orden en la Corte Constitucional. Ese día deberá defender ante ese alto Tribunal la posibilidad de volver a utilizar el herbicida glifosato en las fumigaciones aéreas de narcocultivos en Colombia. Como se sabe, desde que el gobierno Santos decidió –en 2015 y basado en un concepto de la OMS- suspender la utilización de este herbicida en las aspersiones aéreas sobre los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, la extensión de estos cultivos aceleró su expansión, al punto que al comienzo del año pasado sobrepasaron las 200.000 hectáreas, cinco veces más que en 2013. Ese fue una de las peores ‘herencias’ que le dejó Santos a Duque. Según la nueva estrategia antidroga, este año se tiene previsto destruir más de 100.000 hectáreas de narcocultivos, sobre un estimado de 180.000 al final de 2018, pero el porcentaje de resiembra está por encima del 25 y 30%.
Lo que pide la Corte
Para poder reiniciar las fumigaciones con glifosato la Corte, en la sentencia T-236 de 2017, fijó seis requerimientos: 1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades. 2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. 3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. 4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad. 5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo. 6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.
Lo que planteará Minjusticia
A finales del año pasado, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, al anunciar que pediría dicha audiencia a la Corte, indicó, en declaraciones radiales, que la “sentencia de la Corte Constitucional no prohíbe la aspersión aérea con esa sustancia si se cumplen seis condiciones… Las cinco primeras son cumplibles, la sexta es imposible de cumplir: que se demuestre que no produce ningún daño ni al medioambiente ni a la salud. Como no hay certeza científica porque la mayoría de los estudios unos dicen que sí y otros que no, hacen imposible el uso de esa sustancia. Incluso haría imposible conceder cualquier licencia ambiental porque también una licencia ambiental produce daño al medioambiente. Lo que uno tiene que hacer es mitigar ese daño”.
Críticas al uso del glifosato
A esa audiencia del 7 de marzo, es claro que los críticos del uso del glifosato llegarán con nuevos argumentos. Por ejemplo, que los productores del glifosato enfrentan desde esta semana una segunda demanda millonaria ante la justicia estadounidense, seis meses después de que un jardinero ganara por primera vez un juicio por señalar a ese químico de causar cáncer. Según la acusación, Roundup, propiedad del gigante químico y farmacéutico alemán Bayer, tras comprar a la estadounidense Monsanto el año pasado, contiene glifosato, considerado cancerígeno desde hace años. En agosto del año pasado, los jurados de un tribunal de California determinaron de manera unánime que Monsanto actuó con “malicia”, y que sus herbicidas Roundup y Ranger Pro contribuyeron “sustancialmente” al desarrollo de la enfermedad terminal de un jardinero llamado Dewayne “Lee” Johnson.