Reforma por pedazos

En las toldas de Cambio Radical hay voces que consideran que es un “error” seguir pensando en que el Congreso puede abocar este año el debate a un proyecto de reforma integral a la justicia. Bajo esa tesis se piensa que lo más aconsejable sería dividir el proyecto en varias iniciativas y empezar a discutir una por una, comenzando por los temas más gruesos como el juzgamiento a los aforados o el cambio en el modelo de gobierno de la rama. En el alto gobierno, sin embargo, se cree que lo mejor es volver a confeccionar una nueva reforma integral, parecida a la que se hundió en diciembre pasado, para llevarla al Congreso en el segundo semestre de este año. La única diferencia, sería que se aprovecharía el primer semestre para buscar un acuerdo con las altas Cortes y los partidos respecto al contenido de la reforma.

Un proyecto azul

El Partido Conservador, cuyas directivas y bancadas se reunieron la semana pasada con el presidente Iván Duque, conminó a la Casa de Nariño a que la coalición gubernamental apoyara algunos de los 108 proyectos presentados por parlamentarios de la colectividad. Una de esas iniciativas es, precisamente, la relacionada con  la prohibición del uso de asbesto en el territorio nacional. Desde agosto de 2017 la senadora Nadia Blel la viene apoyando de manera denodada y a finales del año pasado, con mucho esfuerzo e incluso mediando un proceso de transición de cinco años para la prohibición total, consiguió el apoyo de la plenaria de la cámara alta para aprobarlo en segundo debate. Ahora le corresponde a la Comisión Séptima de Cámara de Representantes asumir el estudio de la iniciativa y luego darle vía libre para su cuarto y último debate en la respectiva plenaria.

Agenda con Trump

El próximo miércoles, durante la reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Iván Duque, es claro que el tema central será la crisis venezolana y cómo acelerar la caída del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay otros asuntos clave en la agenda, como la preocupación de ambos países por la nueva política antidrogas, por demás flexible, del gobierno del mexicano Andrés López Obrador. Por igual, es muy posible que se analicen temas como la presencia de los cabecillas del Eln en Venezuela y Cuba, y cómo presionar a esos gobiernos para que los deporten o entreguen a la justicia colombiana. Si bien es cierto que la política comercial de Trump ha sido la de renegociar los tratados comerciales, no se tiene previsto ningún cambio frente a Colombia toda vez que el TLC es superavitario para Estados Unidos.

¿Estado de emergencia?

Varios congresistas antioqueños y de otros departamentos son de la tesis de que la Casa de Nariño debería evaluar la posibilidad de declarar un estado de emergencia social, económica y ambiental en la zona de influencia inmediata y mediata del proyecto de Hidroituango, ya que la afectación por los problemas en el complejo se agravaron a raíz del cierre en el último mes de las compuertas 2 y 1. Esta última redujo la semana pasada de forma drástica el caudal del río Cauca y otros afluentes que están dentro del mismo circuito hídrico. Sin embargo, no se sabe si el gobierno Duque estaría dispuesto a acudir a ese estado de emergencia, sobre todo porque, en la práctica, el margen de acción excepcional que permite no tiene mucha efectividad para afrontar una emergencia como la del complejo hidroeléctrico.