Que la Constitución colombiana es una de las más reformadas, no es ninguna novedad. Es más, llamó la atención una información de la Comisión I del Senado según la cual en el primer tramo de la legislatura, entre julio y diciembre pasados, se aprobaron en esa célula congresional 14 proyectos de acto legislativo, entre ellos los de las reformas política y judicial, el que otorga la categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico a Barrancabermeja, así como el que prohíbe que acciones punibles como el secuestro y el narcotráfico sean consideradas como conexas con el delito político y, por lo tanto, no podrán ser objeto de amnistía e indulto. Igual se les dio vía libre a iniciativas relacionadas con el paquete anticorrupción, así como la que crea la segunda vuelta para la elección del Alcalde Mayor de Bogotá. Al final de esos 14 proyectos de acto legislativo, solo seis terminaron pasando a segunda vuelta, pues se hundieron algunos clave como la reforma judicial, el que creaba 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas así como el que pretendía modificar la Jurisdicción  Especial de Paz.

Una por otra

Precisamente, algunos senadores y Representantes a la Cámara del Centro Democrático indicaron que volverán a insistir a partir de marzo en el proyecto de reforma a la JEP. Interrogado por un periodista de EL NUEVO SIGLO un congresista uribista dijo que creía que “ahora sí” las mayorías parlamentarias gobiernistas y de la franja independiente acompañarán la necesidad de ajustar esta jurisdicción, ya que un año después de arrancar su funcionamiento no ha dado los resultados esperados y los cabecillas desmovilizados siguen en el Congreso. Sin embargo, en las toldas de la oposición se advierte que una reforma a la JEP no tiene futuro y que solo pasaría si el Centro Democrático accede a aprobar la ya dos veces hundida reforma para crear las 16 curules para las víctimas en la Cámara.

Los números de Gómez

Pese a las críticas que recibió el hasta hace pocas semanas senador Leonidas Gómez, del Polo, por haber renunciado a su curul apenas cinco meses después de su posesión con la intención de lanzarse a la Gobernación de Santander, lo cierto es que en poco empieza a sumar apoyos interesantes. Además de su propio partido, por el que en marzo del año pasado había sumado 84 mil votos en la lista del Senado, la semana pasada logró el apoyo de la Alianza Verde, tras una reunión con el Comité Ejecutivo de esa colectividad. Según los verdes, es “un momento crucial para que el departamento rompa con el paradigma de gobernantes caudillistas y tradicionales”. Gómez ya se postuló a la Gobernación en los comicios de octubre de 2015 y aunque sumó 231 mil votos, a nombre de Dignidad Santandereana, fue superado por el liberal Didier Tavera, que alcanzó 313 mil votos.

14 de marzo, fecha clave

Mientras que el gobierno Duque pidió la semana pasada a la JEP que iniciara un “incidente de desacato” contra el cabecilla desmovilizado y ex jefe negociador de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, quien se mantiene en la clandestinidad desde finales del año pasado pero aún no ha incumplido ‘oficialmente’ ninguno de los requerimientos de la justicia transicional que ameriten su expulsión del sistema, lo cierto es que toda la incertidumbre alrededor del segundo al mando de esa exfacción guerrillera se podría acabar en medio y medio,  concretamente el 14 de marzo ¿Por qué? Porque ese día la JEP citó a ‘Márquez’ para que rinda versión de forma obligatoria, personal e indelegable sobre los secuestros cometidos por las Farc durante muchos años de confrontación con el Estado.

Radiografía del secuestro

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento, según el auto en que se citó a versión individual y colectiva a los 31 ex cabecillas de las Farc, comenzando por el propio Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, esperan que estos confiesen asuntos muy puntuales sobre los secuestros de civiles, incluyendo quién daba las órdenes de los plagios, bajo qué criterios, cuántos perpetró cada frente o bloque, quiénes fueron liberados mediante pago económico, el tiempo del cautiverio… También deberán confesar las órdenes del Secretariado insurgente sobre el secuestro de los integrantes de la Fuerza Pública. Igual se espera saber cómo se perpetraron los secuestros, en qué forma se transportaron y si había órdenes para diferenciar el trato entre plagiados civiles y militares, o entre hombres o mujeres.