Se va a completar un año de la decisión del gobierno Santos de asumir el control del proyecto vial Ruta del Sol sector II, que terminó involucrado en el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Esa acción, como se sabe, le generó al Estado colombiano que la filial española del cuestionado consorcio brasileño interpusiera una demanda millonaria, exigiendo que le sea reconocida no solo la inversión en el proyecto sino otros pagos por concepto de daños y perjuicios emergentes. En el Congreso un parlamentario del Centro Democrático quiere citar a un debate de control político al respecto para ver qué ha pasado con todo este tema y cómo va la estrategia de defensa del Estado.
El episodio Trump (I)
Y hablando de cuestiones que pasaron un año atrás, un atinado analista político recordaba esta semana que a finales de octubre del año pasado el gobierno Santos se encontraba bastante preocupado por el eco que la prensa le estaba dando a una “declaración presidencial” firmada por Donald Trump en la que expresaba la creciente preocupación por el incremento inusitado de los cultivos ilícitos en Colombia. La cuestión llegó a tal punto que, incluso, llegó a decirse que la Casa Blanca estaría pensando en descertificar a nuestro país por el evidente retroceso en la lucha antidroga, lo que constituía un grave golpe para un gobierno que, como el de Santos, presentaba por entonces uno de los más bajos índices de aprobación de la gestión presidencial de la última década.
El episodio Trump (II)
Para evitar que la situación terminara poniendo contra las cuerdas a Santos, el propio Trump decidió enviarle una carta al mandatario colombiano en la que no solo explicó el alcance de la citada “declaración presidencial”, sino que resaltó los esfuerzos de Bogotá para enfrentar la criminalidad y mantener los esfuerzos antinarcóticos. “Colombia es uno de nuestros mejores socios estratégicos y aliados en la región. Aplaudimos los esfuerzos que usted ha realizado para enfrentar el crimen transnacional”, afirmó Trump a Santos. Paradójicamente meses después, en medio de la campaña presidencial, el tema de la posible descertificación a Colombia volvió a ponerse sobre la mesa bajo el argumento de que Trump prefirió no dar ese paso debido a que necesitaba fortalecer a Santos en medio del agravamiento de la crisis entre Washington y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Sin Ministerio
No habrá Ministerio del Posconflicto, pese a que el Gobierno sí está preparando toda una reingeniería a la institucionalidad que se requiere para poner en marcha toda la estrategia del llamado “posconflicto”. No solo así se lo había confirmado a EL NUEVO SIGLO el alto consejero presidencial para la Normalización, Emilio José Archila, sino otro alto funcionario de la Casa de Nariño que, incluso, recordó que este gobierno tiene en marcha ya un plan de austeridad que implica un control máximo de la carga burocrática. “…Creo que en este tema hay más papistas que el Papa… El presidente Duque ha sido claro en que creará un Viceministerio de Economía Naranja y en la conversión de Coldeportes en Ministerio del Deporte… De ahí para adelante todo es especulación, incluso sobre el Ministerio de la Familia”, precisó la fuente consultada.
Contrademanda de Maduro
En las toldas del chavismo venezolano se considera que es viable denunciar a las autoridades colombianas incluso ante la propia Corte Penal Internacional, al considerar que al albergar a dirigentes opositores que están acusados de delitos graves en ese país e incluso del propio intento de “magnicidio” del presidente Nicolás Maduro, están incurriendo en delitos que están bajo la órbita del Estatuto de Roma. Vea pues.