Sorpresa conservadora

No están muy contentos en las toldas del Partido Conservador con la advertencia que hiciera el martes el procurador general Fernando Carrillo en torno a la terna presentada por esa colectividad para Alcalde encargado de Cartagena, que está compuesta por la asesora de la Comisión Regional de la Competitividad de la Cámara de Comercio local, Antonella Farah, el exparlamentario y expersonero Pedrito Pereira y Óscar Torres Yarzagaray, economista y docente. El presidente Iván Duque tiene que escoger algunos de ellos con el fin de terminar el período del suspendido Antonio Quinto Guerra. Mientras que el conservatismo urge a la Casa de Nariño que proceda a la designación, en los corrillos políticos se asegura que congresistas de La U maniobran en contrario, evidenciando el pulso político entre ambas colectividades por la ascendencia sobre la Alcaldía de la capital de Bolívar.

Pulso en la coalición

En medio de ello, el martes el procurador Carrillo Flórez pidió a Duque que revise con “lupa” la terna presentada por el Partido Conservador. “Cartagena no se merece otro alcalde inhabilitado, otro alcalde impedido moralmente, otro alcalde que tenga investigaciones en la Procuraduría, Contraloría y o en la Fiscalía. Por favor examínelo detenidamente y si no hay nadie que reúna las condiciones, devuelva la terna", explicó el jefe del Ministerio Público, generando en “La Heroica” un terremoto político de gran espectro, así como múltiples reacciones de congresistas bolivarenses. Según Carrillo, el nuevo Mandatario cartagenero –el número 12 en los últimos años– “tiene que ser una persona de las más altas calidades éticas, las mejores condiciones profesionales y una gran trayectoria que garantice con mano fuerte que no habrá más corrupción en la ciudad”. Aunque Carrillo no se refirió a ningún nombre en específico, su advertencia removió el escenario político, sobre todo entre dos partidos que hacen parte de la coalición de gobierno.

Soldado advertido…

La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el memorando que la Casa Blanca envió al Departamento de Estado sobre el desempeño antidrogas de Colombia, en el cual si bien no se avanzó a una posible “descertificación” sí se recalcó sobre el aumento de los narcocultivos y la producción de cocaína, ya había sido adelantada por altos funcionarios norteamericanos al gobierno Duque. De allí, entonces, que el tema no tomó por sorpresa a la Casa de Nariño, que sigue trabajando a marcha forzadas con el fin de definir lo que será su nueva política antidrogas. No es una tarea fácil, ya que si bien hay una decisión en torno a volver a las fumigaciones con glifosato, utilizando drones para ello, en el alto gobierno consideran que se necesita un blindaje jurídico para que la medida no se caiga al primer “tutelazo”.

Ojo a los drones

Pero no es el único tema que trasnocha al Ejecutivo sobre lo que será su nueva estrategia antidroga. De un lado, en lo referente a la utilización de los drones para fumigar a baja altura los cocales, hay muchas dudas sobre la utilidad de este método, no solo por el alto costo de estos aparatos (no son los convencionales que se venden comercialmente), sino porque las medidas de seguridad que tienen que proporcionarse a los operadores sobre el terreno, son muy altas por temor a ataques con francotiradores. De otro lado, para el Gobierno es claro que las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y las bandas criminales al servicio del narcotráfico ya estarían presionando a comunidades de distintas zonas del país con el fin de que salgan a las calles a protestar por los operativos de erradicación forzada de sembradíos ilegales.