El pasado martes decepcionó para muchos. Extrañamente en algunos sectores se pensaba que habría mucha referencia o celebración por todo lo alto, ya que un año atrás terminaba, en la misma fecha, todo el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las Farc. El acto se llevó a cabo en Buenavista, vereda del municipio de Mesetas (Meta). Allí se completó el acto de dejación de 7.132 armas de las Farc. A partir de ese momento, de acuerdo al cronograma acordado por las partes, iniciaba el proceso de desmovilización y reincorporación del pie de fuerza subversivo a la vida civil. Hubo presencia del presidente Santos, la cúpula subversiva, delegados de la Misión Especial de la ONU (que estuvo al frente de la recopilación y destrucción del arsenal) así como de delegados de la comunidad internacional. Doce meses después la celebración no se hizo con bombos y platillos, pese a que el Gobierno asegura que 3.000 vidas se salvaron en el último año. Una muestra más del nivel de polarización en Colombia alrededor del tema Farc.
Arsenal de disidencias
A propósito de ese aniversario, un alto mando militar señalaba esta semana, al ser consultado sobre cómo avanzaba la lucha contra las disidencias de las Farc, que los cálculos sobre el número de integrantes de estas no iban más allá de los 500 o 600 hombres-arma, e incluso en retroceso tras los fuertes golpes asestados por las tropas oficiales recientemente, a lo que se sumaría que algunos de los que inicialmente pensaron que seguirían en la lucha guerrillera ya se dieron cuenta de que estos grupos están fuertemente contaminados por el narcotráfico y la minería ilegal, por lo que se han decidido a huir y pasar a la clandestinidad. En cuanto a las armas que tendrían las disidencias, explicó que con los dineros del narcotráfico pueden comprar pequeñas remesas de fusiles y armas cortas provenientes de redes de contrabandistas de Centroamérica, e incluso de carteles mexicanos que las intercambian por cargamentos de drogas.
El túnel para Duque
Hace un año, por estas mismas fechas, el Gobierno adjudicaba el último tramo de las obras para la terminación del Túnel de la Línea y la segunda calzada Calarcá-Cajamarca, al Consorcio La Línea. En marzo pasado, el presidente Santos indicó que “todo iba marchando con el viento en popa” y se terminaría “muy pronto”. Agregó que el denominado “Cruce de la Cordillera Central”, que incluye 25 túneles, 29 viaductos y 2 deprimidos traerá beneficios inmensos para la competitividad y movilidad del país. Ya quedan escasas cinco semanas para que termine el doble mandato Santos y aunque hace un año se había prometido que este Jefe de Estado inauguraría el importante complejo de infraestructura vial, las obras sólo terminarían en noviembre o diciembre y le tocaría al presidente Duque el gran honor de dar al servicio el Túnel y sus obras complementarias, que han costado 1,6 billones de pesos.
Lupa a fotomultas
Y hablando de temas de transporte, un senador electo, para más señas primíparo, ya tiene a varios de sus futuros asesores de Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recopilando información respecto a qué ha pasado con la aplicación de las nuevas reglas del juego para las fotomultas de tránsito. Como se sabe, en marzo pasado entró en vigencia una nueva reglamentación (resolución 718 del ministerio del ramo) cuyo objetivo era acabar de una vez por todas con los abusos y uso indiscriminado de las cámaras y otros medios tecnológicos para detectar presuntas infracciones de tránsito. “Tenemos noticias de que muchos alcaldes no han cumplido la norma y siguen ubicando las cámaras en sitios escondidos, sin cumplir con la norma de 500 metros de visibilidad… Tampoco hay claridad sobre muchos contratos que estaban firmados con operadores privados y los mecanismos de cobro coactivo que se utilizan”, dijo el entrante senador, que pidió omitir su nombre.