¿El solo anuncio? (I)
Hace un año, en un foro sobre ‘Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia’, el presidente anunció un paquete de nuevas medidas para seguir combatiendo este flagelo: fortalecimiento del Grupo Anticorrupción de la Dijín; más herramientas para las superintendencias; creación de jueces especiales; ministerio de Educación instauraría de nuevo la educación cívica; bancarización total del sistema de contratación con el Estado; concertación con el sector privado de normas sobre el cabildeo; presentación al Congreso de paquete de proyectos de ley en materia anticorrupción, como el de Protección de Denunciantes, Registro de Beneficiarios Reales y también el que reducía y condicionaba los beneficios por allanamiento a cargos y eliminaba la casa por cárcel para los corruptos.
¿El solo anuncio? (II)
“Más de la mitad de esos anuncios se quedó en el papel, por eso tuvimos que impulsar la consulta anticorrupción que, vea usted periodista, pese a que logramos respaldarla con más de cuatro millones de votos y superamos la lupa del Consejo Nacional Electoral a la financiación, ni el Gobierno como tampoco el Senado parecen tener voluntad de viabilizar mediante la respectiva certificación, que es el único trámite pendiente… Si el próximo martes no hay humo blanco en la plenaria, estamos pensando en una acción de tutela o de cumplimiento para forzar al Senado a no desconocer la voluntad popular ni la ley 134 (de mecanismos de participación ciudadana)”, precisó una alta fuente de la Alianza Verde.
… Tampoco se cumplió
Lo más paradójico del anuncio un año atrás del presidente Santos sobre los nuevos mecanismos de participación para luchar contra la corrupción es que una de las medidas fue la relativa a la “creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto”. Según explicó en ese entonces el Jefe de Estado este sistema serviría para que cualquier ciudadano pudiera hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz y a la inversión de los recursos, nacionales e internacionales, para su implementación. Incluso Santos prometió en abril del año pasado que se contrataría una auditoría especial internacional para vigilar estas inversiones.
Un año después…
Paradójicamente un año después, el viernes pasado, el Ejecutivo anunció, de nuevo, varias de esas medidas. Y lo hizo en medio del escándalo por las denuncias en torno a posibles malos manejos y anomalías contractuales con los recursos del “Fondo Colombia en Paz”, que maneja otros fondos que se alimentan de las donaciones de la Unión Europea, el BID, Banco Mundial así como de varios países y entes multilaterales para el posconflicto. Como se sabe, tres embajadores manifestaron inquietudes al respecto, y aunque el Gobierno replicó que no había irregularidades, delegó todo el tema en el vicepresidente Óscar Naranjo que, de entrada, le pidió la renuncia a la titular del “Fondo Colombia en Paz”, en tanto que la Fiscalía y la Procuraduría, así como la Contraloría, adelantan las respectivas pesquisas. Obviamente la pregunta es: ¿si se hubiera implementado hace un año lo que anunció el presidente Santos se habría generado el escándalo que hoy tiene en el ojo del huracán el manejo de la llamada “chequera de la paz”?
Reclamos en Manizales
La próxima semana se cumple el primer año de la tragedia invernal que afectó a un sector de Manizales, dejando más de 16 personas muertas y varias decenas de viviendas afectadas por las fuertes lluvias y los deslizamientos. Tras el corte de cuentas que presentó el Gobierno nacional sobre las ayudas a los damnificados en la tragedia de Mocoa, que causó más de 300 muertos y también cumplió un año días atrás, algunos de los afectados en la capital caldense se quejan de que la asistencia para ellos no fluyó con igual rapidez y prioridad. Es claro que con esos dos hechos tan graves en la primera temporada invernal de 2017, la actual ha resultado muy positiva ya que el número de víctimas mortales ha disminuido sustancialmente, pasando apenas de la decena.