La propuesta de la Alianza Verde en torno a que tan pronto como arranquen las sesiones ordinarias del Congreso, el 16 de marzo próximo, pedirán que la convocatoria de la consulta anticorrupción se haga mediando un trámite de urgencia, de forma tal que la citación a las urnas se pueda realizar para el 26 de mayo, es decir un día antes de los comicios para la primera vuelta presidencial, no cayó muy bien entre varios partidos y candidatos al Congreso y la propia Presidencia de la República. “… Es oportunista la propuesta de los verdes… No solo quieren adueñarse de la bandera de la anticorrupción, sino que ahora buscan que esta se vote un día antes de la primera vuelta, para que sea su caballito de batalla electoral… No podemos dejar que un mecanismo de participación popular como la consulta termine como un insumo más de la campaña de Sergio Fajardo”, precisó un veterano parlamentario.
¿En julio podría irse a las urnas?
Pero la cuestión no termina allí. Las cuentas que se hacen en el Congreso van en la dirección que la consulta, que ya fue certificada por la Registraduría en materia de firmas de respaldo y por el CNE en cuanto a los soportes contables sobre los recursos utilizados para recoger los apoyos ciudadanos, no debería realizarse sino después de que se haya aclarado la sucesión en la Casa de Nariño. Es decir, que sería a finales de junio o, incluso, en julio o agosto, con el fin de que el nuevo gobierno entre con el respectivo mandato para aplicar lo que se decida en las urnas sobre cómo reforzar la lucha contra la corrupción.
¿Estirar al máximo mandato legal?
La ley 134 de 1994, que regula todo lo relativo a los mecanismos de participación popular, establece que si la consulta es de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el Presidente de la República al Senado para que, dentro de los veinte días siguientes, emita concepto favorable. Por decisión de mayoría de sus miembros, el Senado podrá prorrogar este plazo en diez días más. La votación de la consulta popular nacional, según la ley 1757 de 2015, se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado, o del vencimiento del plazo indicado para ello. Así las cosas, si se habla de mediados de marzo para arrancar dicho trámite, y siendo clara la intención de la mayoría del Congreso de extender el plazo lo más posible, es claro que la cita en las urnas sólo se daría en julio, sobre todo porque la Registraduría pediría el máximo plazo para poder organizar toda la logística del caso, que podría estar costando más de 300 mil millones.
Apatía proselitista, riesgo de abstención
El remate de la campaña parlamentaria tiene con los ‘pelos de punta’ a más de un partido y movimiento político. Por ejemplo, un senador actual que busca repetir curul le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… la campaña está muy difícil porque la gente no quiere conectar con el ambiente político… Los escándalos de corrupción han desgastado mucho la imagen del Congreso y la gente se muestra muy apática… Si usted me pregunta le puedo decir que a menos que algo pase en las próximas cinco semanas, creo que la votación para el 11 de marzo estará marcada por una abstención más alta que la de 2014”. Agregó que “… no se ven ríos de dinero” en la mayoría de las campañas y sí mucho político buscando votos “puerta a puerta”.