La política es de paradojas. Por lo menos así lo ve un exmagistrado de la Corte Constitucional para quien no deja de llamar la atención que uno de los mayores temores de los sectores opositores a los acuerdos de paz con las Farc era, precisamente, que en la renovación de cinco de los nueve escaños -desde diciembre de 2016 pasado hasta agosto- en el alto tribunal, las mayorías del Senado eligieran a juristas proclives al pacto con la guerrilla y las posturas gubernamentales. Sin embargo, ha sido precisamente esa nueva Corte la que ha dado a los intereses del Gobierno los reveses más fuertes e inesperados en los últimos meses, a tal punto que algunos congresistas de La U consideran que pareciera que la Corte tuviera una línea anti-oficialista.

La Corte y el Gobierno (II)

No hay que olvidar que en mayo pasado la Corte Constitucional reversó su jurisprudencia sobre el ‘fast track’ emitida a finales del año pasado, permitiendo de que allí en adelante los congresistas pudieran modificar los proyectos de ley y acto legislativo derivados del acuerdo de paz, sin necesidad de tener visto bueno previo del Gobierno. Luego la Corte le dio el visto bueno al acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero ajustándolo fuertemente al punto que subordinó esa jurisdicción a la supremacía constitucional y excluyó de su ámbito a los civiles y los altos funcionarios aforados, entre otros aspectos. Y también fue esta Corte la que tumbó varios decretos extraordinarios dictados por Santos para implementar el acuerdo. E igualmente fue esta Corte la que la semana pasada advirtió al Presidente que no podía asumir el control de exequibilidad del proyecto que creaba las 16 curules en la Cámara porque no fue aprobado en la plenaria del Senado.

Piden “sacudón” gubernamental

Para varios de los congresistas de La U el gobierno del presidente Santos necesita un “sacudón”. Y ese mensaje habría sido enviado ya a la Casa de Nariño en medio de las consultas de la última semana de varios ministros con integrantes de esa colectividad. Una de las quejas más recurrentes de los parlamentarios tiene que ver con el rol del alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, de quien se pide un mayor dinamismo en lo que resta de la implementación normativa del acuerdo con las Farc. Incluso hay quienes consideran que podría el Presidente aplicar aquí un enroque. Es decir que Rodrigo Rivera, que fue senador y ministro de Defensa, pase a la cartera política y que Guillermo Rivera, que fue representante a la Cámara y alto consejero presidencial, pase a la oficina del Alto Comisionado.

Campanazo a Maduro

La posibilidad de que el presidente venezolano Nicolás Maduro decida adelantar los comicios para la Jefatura de Estado, que deberían realizarse en diciembre de 2018, no está descartada, según lo dice la prensa de ese país y ya incluso hay reacciones de las toldas chavistas y de la oposición. La vía para ello sería una orden de la asamblea constituyente que está sesionando. En altos círculos diplomáticos se asegura que si Maduro procede en esa dirección, se estaría exponiendo a que muchos países latinoamericanos decidieran retirar sus embajadores de Caracas, más aún ahora que las presiones internacionales se dirigen a forzar al chavismo a no inhabilitar a varios partidos de la oposición para que puedan participar en esas elecciones presidenciales.

Magistrados de la JEP repiensan

Los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya no se alcanzarían a posesionar este año, según trascendió en altos círculos gubernamentales. Todo quedaría para enero tanto por razones logísticas como presupuestales y hasta jurídicas, ya que varios de los juristas que quedarían inhabilitados por los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades aprobados en la ley estatutaria, están pensando si aceptan integrar el Tribunal de Paz y sus distintas salas.

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