Extrañeza causó en las filas de Cambio Radical una afirmación del ministro del Interior, Guillermo Rivera, en torno a que algunos parlamentarios de esa colectividad le habrían dicho a “sottovoce” que podrían votar positivamente el proyecto de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Un senador de Cambio le dijo a EL NUEVO SIGLO que “no le quedaba bien” al Ministro liberal estar aventurando informaciones que no tienen piso en la realidad, porque está claro que esa colectividad no va a votar la iniciativa ni en las Comisiones Primeras conjuntas como tampoco en las respectivas plenarias de Senado y Cámara.

Las posturas ya definidas

La misma fuente indicó que fue precisamente Germán Vargas Lleras, semanas antes del plebiscito refrendatorio de paz, cuando era Vicepresidente en ejercicio, quien fijó la posición de Cambio Radical al respecto de la JEP, pues anunció en la revista “Semana” que votaría sí en las urnas pero con la advertencia de que la JEP debería ser ajustada para evitar amplios márgenes de impunidad y afectación a  los civiles y no combatientes. También fue Cambio el que impulsó varias de las reformas al proyecto del acto legislativo del ‘fast track’, de la ley de amnistía y también al acto legislativo que creó la JEP.

No votarán y no votarán  

Tras los ajustes acordados el martes al proyecto de la ley estatutaria, luego de la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Santos, el fiscal Néstor Humberto Martínez y los ponentes de la iniciativa, la pregunta insistente fue si ahora sí Cambio Radical votaría positivamente en las comisiones primeras y las plenarias. Este interrogante ya había sido respondido por el presidente de la colectividad, Jorge Enrique Vélez, en entrevista el pasado domingo con EL NUEVO SIGLO. Cuando se le preguntó que si el proyecto era ajustado Cambio Radical lo apoyaría, respondió negativamente aduciendo que las dudas de su partido no solo iban dirigidas a esta iniciativa como tal, sino también al Tribunal de Paz, sobre todo por la marcada tendencia ideológica de sus nuevos magistrados, lo que no garantizaría la imparcialidad en sus decisiones en cuanto a la Fuerza Pública y los civiles que puedan ser juzgados allí.

¿Denuncias van y vienen?

Y hablando del Fiscal, la dura polémica el miércoles entre Martínez y la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, podría tener repercusiones judiciales de lado y lado. Según se decía ayer en los corrillos parlamentarios, algunos abogados estarían pensando en recusar al Fiscal General para que se aparte de varios procesos penales por su supuesta afinidad política con Cambio Radical. Hasta de denunciarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se hablaba. Pero, por otro lado, también se afirmaba que ya se estaba pensando en instaurar desde una acción de tutela hasta una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra López, precandidata presidencial, sindicándola de injuria y calumnia agravadas por sus acusaciones a Martínez. Se recordó que semanas atrás ya López se vio obligada, por decisión judicial, a una rectificación por acusaciones sin soporte probatorio contra Cambio Radical, el mismo partido del que la congresista dice que Martínez recibía órdenes.

Y de los azules, nada…

La semana que termina no alcanzó para que en el Partido Conservador se conocieran los resultados de las gestiones que se vienen adelantando con varios precandidatos presidenciales, como Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez o Juan Carlos Pinzón.  Gestiones que no solo estarían relacionadas con la posibilidad de que algunos de ellos acepten postularse a nombre de la colectividad azul, sino en las que también estarían de por medio algunas conversaciones relacionadas con la posibilidad de ser cabeza de lista al Senado por el conservatismo.

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