En el Centro Democrático hay quienes vienen estudiando interponer la primera denuncia penal contra la cúpula desmovilizada de las Farc. Tras considerar que hubo ocultamiento de bienes de origen ilícito que no fueron reportados por esa guerrilla –ya desarmada y convertida en partido político- al Gobierno y que se habrían cobrado millonarias sumas para colar en las listas de integrantes de la organización a narcotraficantes y otros peligrosos delincuentes comunes, un parlamentario uribista estudia cuál es la viabilidad de denunciar penalmente a los jefes de las Farc por estos hechos.

¿Denuncia penal a las Farc? (II)

Incluso, el senador Alfredo Rangel radicó la semana pasada una proposición en la plenaria en donde advirtió que los jefes de las Farc, del Secretariado o del ‘estado mayor’ deberían ser retirados de la Jurisdicción especial de paz y juzgados en la justicia ordinaria por delitos como enriquecimiento ilícito, asociación para delinquir, falsedad en documento público y obstrucción de la justicia, entre otros.

Una propuesta fallida

Poco futuro le auguran en el debate al proyecto de reforma política y electoral a la propuesta del senador liberal Roberto Ortiz, que pretende que en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde la iniciativa empezará a ser discutida esta semana, se modifique el artículo 9 con el fin de establecer la obligatoriedad del voto en las siguientes dos elecciones parlamentarias y en todas las nacionales y territoriales que en dicho período se celebren. Ortiz considera que el voto obligatorio transitorio es un recurso oportuno e indispensable para luchar contra el clientelismo y evitar la corrupción electoral. Hasta el momento lo que dice el proyecto es que haber votado es requisito para acceder a la función pública, contratar con el Estado y postularse a otros beneficios oficiales. En la propia bancada liberal consideran que el voto obligatorio es contario a la ideología de un partido que siempre ha defendido los principios de libre autodeterminación.

Peros a más licencia a padres

No les suena para nada a los empresarios la posibilidad de ampliar la licencia de paternidad, tal como lo propone un proyecto radicado días atrás por una parlamentaria uribista. La iniciativa propone reformar el Código Sustantivo del Trabajo estableciendo una licencia de paternidad de 15 días hábiles para partos únicos, y de 30 días hábiles para los padres que tengan hijos prematuros o que más de un hijo. Y, como si fuera poco, el proyecto propone prohibir el despido para el cónyuge o compañero permanente de la mujer embarazada o lactante que sea su beneficiaria en  el Sistema General de Seguridad Social en Salud. “… Ya la licencia de maternidad se amplió a cuatro meses y la llamada ‘Ley José’ establece un descanso para el padre de 8 días… No podemos aumentar los costos de nómina en medio de una crisis económica…”, dijo un reconocido dirigente gremial.

La RAP Caribe toma fuerza

Este miércoles se realizará en el Congreso una audiencia pública sobre la propuesta para constituir, mediante un convenio, la Región Administrativa de Planificación Caribe (RAP Caribe). La iniciativa, que ha sido por años una de las principales banderas del gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa, ya fue presentada la semana pasada ante la Comisión de Ordenamiento Territorial. Se trata de un proyecto de ordenanza, por medio del cual, se busca la aprobación de las ocho asambleas departamentales para constituir la RAP Caribe. Como se sabe, hasta el momento sólo están constituidas la del Centro y la del Pacífico. La idea de la Comisión es someter el concepto de la propuesta a votación el 27 de septiembre y, en caso positivo, el 19 de octubre, prevé Verano de la Rosa, se firmaría el documento en Barranquilla con la presencia de los ocho gobernadores.

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