La posibilidad de que el detenido exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno sea extraditado a Estados Unidos, que ya presentó la respectiva solicitud, es muy remota. Por lo menos así lo ven fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia, en donde se cree que dado que se trata de la ficha clave del escándalo de corrupción que involucra al alto tribunal, es posible que cuando el caso llegue a consideración de los magistrados, se determine que son más graves y comprometedores los delitos por los que Moreno es juzgado en Colombia, razón por la cual su entrega a las autoridades estadounidenses sólo se podría dar cuando haya saldado cuentas en nuestro país. Incluso si la Corte le diera visto bueno a esa extradición, se cree que al presidente Santos le sería políticamente incorrecto autorizar su ida a Estados Unidos porque afectaría la judicialización de los sobornos entre congresistas y exmagistrados.

La pelea sindical en futuro de Electricaribe

A propósito de lo publicado días atrás en esta Sección sobre el proceso para definir al nuevo operador del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, en reemplazo de la intervenida Electricaribe, un parlamentario de esa región le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO “… que el tema sindical no será nada fácil”. Explicó que si bien la Superintendencia y el agente que maneja la intervención han hablado con sindicatos como Sintraelectol sobre sus derechos y qué pasaría en caso de abocarse una nueva empresa, los agremiados a esa central obrera piden que los más de 1.500 trabajadores directos y cinco veces más de  trabajadores o tercerizados sean enganchados por el nuevo operador, lo que no será nada fácil. Los sindicalistas han reiterado que no están para negociar indemnizaciones, planes de retiro voluntario ni jubilaciones anticipadas. “… Con un bacalao sindical de esos, no será fácil activar un nuevo operador que arranque de cero”, precisó el congresista.

Pesimismo sobre imagen de Santos

Poco optimismo se respira en los pasillos de la Casa de Nariño frente a la posibilidad de que el presidente Santos pueda darle vuelta a las encuestas que marcan que sus índices de desaprobación están por encima del 70%. La visión de los asesores del Jefe de Estado es que los escándalos de corrupción, la polarización alrededor del proceso de paz y la crisis económica que golpea de forma más sensible a las familias y las empresas constituyen un ‘cóctel amargo’ que impide que el Gobierno pueda generar hechos políticos positivos de impacto, menos aún en medio de una campaña electoral en la que casi ninguno de los aspirantes se presenta como el sucesor directo de Santos y, por el contrario, se esfuerzan en marcarle distancia y diferenciarse ante la opinión pública.

Rebajas al por mayor sin ‘jubileo penal’

Un veterano senador le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que Colombia no necesitó de “ley de jubileo penal” para reducir las penas a los reclusos con ocasión de la visita del papa Francisco, porque ya las últimas reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal se han encargado de aumentar cada vez más las posibilidades de que una persona condenada o sindicada no tenga que estar detrás de las rejas. “… La cantidad de reformas, rebajas y excepcionalidades a las medidas de aseguramiento intramurales es muy grande…”, precisó el parlamentario que pidió la reserva de su nombre.

¿Promesas incumplidas?

Los alcaldes de ciudades capitales se encuentran en alerta porque consideran que muchas de las promesas que había hecho el Gobierno no se están cumpliendo y algunas de ellas ya tocaría ‘archivarlas’ porque en apenas 11 meses que le restan al presidente Santos y sin haber quedado provisionadas en el presupuesto general para 2018, ya es muy difícil que se puedan concretar esos compromisos.