Los cinco precandidatos uribistas están a la espera de la nueva encuesta sobre preferencias electorales que debe salir, este fin de semana o más tardar la próxima semana. Según se dice en las toldas del Centro Democrático, se esperan “sorpresas” no solo en cuanto a la ubicación de los aspirantes en el listado general, sino incluso en el orden entre la baraja de presidenciables del principal partido de oposición. Por otra parte, se afirma que el expresidente y senador Álvaro Uribe es de la opinión de que los rumores sobre ‘guerra sucia’ entre sus precandidatos, sobre todo en las redes sociales, provienen más de sectores externos de la colectividad que de una realidad en la competencia interna. Sin embargo, el exmandatario, según una fuente del Centro Democrático, se ha cuidado de advertirles a sus pupilos que una cosa es la campaña y otra muy distinta el ataque.
La estrategia de la UP
La Unión Patriótica ya tiene definido que presentará candidatos a las elecciones regionales y locales de 2019 por aparte del partido político que funden las Farc. Incluso, de cara a la contienda presidencial, se asegura que la Unión Patriótica buscará ubicarse en una coalición de centro-izquierda, en defensa del proceso de paz, pero que arribará a la misma como una entidad política autónoma sin relación alguna con el partido de las Farc y otros movimientos de izquierda como el Polo o los movimientos políticos que, a punta de firmas, están creando Clara López y Piedad Córdoba para sustentar sus respectivas candidaturas presidenciales. En cuanto a Congreso, sí habría posibilidad de coaliciones con otros partidos.
Los computadores de las Farc…
Un experimentado abogado penalista que años atrás le hizo seguimiento a la certeza jurídica de la información encontrada en los computadores, discos duros y USB decomisados por las autoridades en los bombardeos y abatimientos de cabecillas de las Farc, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “en su momento” las autoridades militares y gubernamentales “dieron inusual importancia” a esa información, sobre todo aquella que poco a poco fue desencriptada por los expertos en informática forense, incluso con ayuda de personal estadounidense. Sin embargo, según el abogado, al final muchas de esas pruebas no fueron validadas por los jueces y magistrados en distintos casos penales contra determinadas personas y dirigentes políticos, aunque en materia de ubicación de bienes de la guerrilla sí hubo avances y prueba de ello son los más de 1,3 billones de pesos que tiene la Fiscalía decomisados a las Farc.
Cálculos electorales de las Farc
Y hablando de esa guerrilla, hoy desarmada y en trance de desmovilización, durante el “congreso constitutivo” de su partido político ya se han realizado algunos cálculos muy preliminares sobre lo que podría ser su volumen de votación en los comicios parlamentarios de marzo próximo. Por ejemplo, se dice que esa organización considera que si su base de desmovilizados está por encima de las 11 mil personas, contando los guerrilleros que están siendo amnistiados y los que son excarcelados mientras se someten a la JEP, entonces la votación del nuevo partido político debería ponerse por encima de los 120 mil votos, en el peor de los casos. Sin embargo, otros dirigentes son más optimistas y consideran que con el “trabajo en las comunidades” y las “zonas en donde históricamente” operaron las Farc, el nuevo partido podría incluso aspirar a ponerse por encima del umbral electoral para Senado, que se calcula en más de 425 mil votos. Sea como sea, ese nuevo partido ya tiene 10 curules aseguradas, cinco en Senado y cinco en Cámara.
El ‘fast track’ del presupuesto
Las discusiones alrededor del proyecto de presupuesto general para 2018 han estado muy intensas. Sin embargo, el Gobierno se muestra bastante inflexible a tal punto que ya algunos parlamentarios de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara están desesperados y consideran que la iniciativa pareciera como si fuera del primer tramo del ‘fast track’, en decir cuando los proyectos eran tramitados en tiempo récord porque los congresistas no le podían modificar una coma sin permiso del Gobierno.