La propuesta de la Dimayor en el sentido de crear un canal de televisión “plus” al que tendrían que suscribirse los colombianos, ya sea directa o indirectamente, para ver los partidos más importantes del campeonato de fútbol colombiano, será analizada en el Congreso. “… No estoy muy seguro de que por más que sea un negocio entre privados, el Estado sea un invitado de piedra, si se tiene en cuenta que el espectro electromagnético es de la Nación y las concesiones tienen unas reglas de protección al usuario…”, indicó un senador de la Comisión Sexta, que pidió la reserva de su nombre. Por lo mismo, citará a los responsables de la Autoridad Nacional de Televisión, Coldeportes, el Ministerio de las TIC y hasta de la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de la defensa del consumidor, en este caso por las implicaciones del proyectado nuevo canal frente al servicio o parrilla de programación que se contrata con un cableoperador o lo que se puede o no transmitir en canales de señal abierta.
Las cifras de Rangel
Mientras que desde el Gobierno y el Ministerio de Defensa se insiste en que los indicadores de seguridad vienen en aumento y ha disminuido el volumen de los delitos de alto impacto, en el uribismo replican esa visión. Por ejemplo, el senador Alfredo Rangel sostiene que, con base en las mismas cifras de la Policía y la cartera de Defensa, se puede llegar a la conclusión de que los principales delitos que afectan a la seguridad ciudadana han venido incrementándose en los últimos: robos bancarios (13%), hurtos a residencias (15%), hurto a comercios (38%), hurto de vehículos (42%), hurto de motocicletas (78%), hurto común -celulares- (89%)… “… Y a esto le sumamos el fracaso del Gobierno en el control del narcotráfico, que ha duplicado las siembras de coca y ha triplicado la producción de cocaína. Un fracaso en verdad apabullante”, indicó el senador uribista.
Apoyo a propuesta de Barreras
Los gobernadores y alcaldes recibieron en buen tono el proyecto de acto legislativo radicado esta semana por el senador de La U, Roy Barreras, que busca establecer una fecha única, entre el mes 18 y el 24 de periodo, para que la ciudadanía acuda a las urnas a votar sobre revocatorias del mandato. Un gobernador le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que la propuesta es “lógica y equilibrada” porque respeta el derecho de la ciudadanía a decidir sobre la permanencia o no de su gobernador o alcalde, pero también limita el tiempo para impulsar y votar las revocatorias, impidiendo que estas sean instrumento permanente de revanchismo político y que el mandatario tenga que estar en permanente campaña y no gobernando.
Peros a “Deliberación Informada”
No ocurrió lo mismo con otra propuesta de Barreras para crear un mecanismo llamado de “Deliberación Informada”, que serían unos espacios que tendrían que convocarse obligatoriamente y como prerrequisito para la votación de consultas populares que traten sobre temas sociales y ambientales. En dichas audiencias, foros y talleres participarían las autoridades nacionales, municipales, gremios y la ciudadanía en general para analizar las implicaciones de la decisión sometida a consulta. Un exmagistrado de la Corte Constitucional dijo que “a priori” no resultaba claro obligar a una especie de ‘voto informado’, ya que este es un mecanismo “difuso en la práctica” que puede llegar a afectar el marco mismo de la libertad del sufragio.
Uber y la barrera jurídica
La posibilidad de que el Gobierno bloquee la aplicación de Uber no es fácil. Y no lo es porque no depende de una medida política discrecional sino porque se requiere un “acto legal motivado” para proceder a restringir el acceso a determinada página web. Los asesores legales de las empresas de taxis lo saben desde hace tiempo porque han interpuesto distintas acciones que van desde denuncias penales, demandas administrativas, acciones de tutela y hasta derechos de petición, todos los cuales se han estrellado con la misma respuesta: por más que no sea autorizado el servicio que presta la plataforma, sacarla del aire no es posible a menos que se determine la comisión manifiesta y típica de un delito, según lo dijo a EL NUEVO SIGLO un reconocido abogado que conoce de cerca todo el acervo reglamentario y legal dictado por varios ministerios y superintendencias al respecto.
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