Hace un año muchos recuerdan que por estas mismas fechas los colombianos se encontraban exultantes con la actuación de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Brasil, en donde poco a poco se iba consiguiendo la cosecha de preseas de oro, plata y bronce más alta de todas las participaciones en las máximas justas.

Paradójicamente, como bien lo señalara un congresista de las comisiones económicas conjuntas del Congreso -en donde se está discutiendo el proyecto de presupuesto para 2018- lejos de estar celebrando el primer aniversario de esa hazaña, los deportistas olímpicos se encuentran en estado de alerta por los recortes al presupuesto deportivo del próximo año que por más explicaciones que da el Gobierno para justificarlo, resulta incomprensible para los laureados atletas.

Una negativa anunciada…

El portazo que el Gobierno le dio a la propuesta de los comerciantes para que en el último trimestre de este año se bajara el IVA del 19 al 16% no sorprendió a nadie. Primero, porque era absolutamente claro que una decisión de ese calibre no la puede tomar unilateralmente el Ejecutivo de una semana para otra, y menos faltando mes y medio para que arranque el lapso propuesto. Y, segundo, porque hacerlo de inmediato se reactivarían las alarmas de las firmas calificadoras de riesgo, que de lo poco que han resaltado este año sobre la marcha económica colombiana ha sido, precisamente, la entrada en vigencia de la reforma tributaria y su impacto para disminuir el déficit fiscal, sobre todo en una época de ‘vacas flacas’ por la no reactivación de los precios del petróleo.

Congresistas repensando candidaturas

Tras el escándalo de la semana pasada, en donde resultaron involucrados tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia así como varios congresistas y abogados penalistas, en el Senado se empezaron a hacer apuestas sobre cuántos parlamentarios, a partir de este proceso, ya estarían pensando en declinar su campaña para repetir curul y mejor pensar en lanzar a un socio político o familiar.

Las apuestas giraban no sólo en cuanto a los parlamentarios ya mencionados por la Fiscalía la semana pasada (Hernán Andrade y Musa Besaile), sino sobre otros congresistas cuyos nombres no han trascendido, pero se dice que aparecen en las interceptaciones de audios hechas por la DEA a las conversaciones del exgobernador Alejandro Lyons; el ex jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno; y el abogado Leonardo Pinilla, estos dos últimos ya detenidos.

Fiscalía ya tiene otra región en la mira

En la Fiscalía aseguran que se viene otra ‘bomba’, que tendría que ver con otro caso de corrupción general, muy parecido al que ya se destapó meses atrás en Córdoba, con el exgobernador Alejandro Lyons a la cabeza y que hoy tiene a media plana política de ese departamento en la mira de la justicia. Mientras que algunas hipótesis apuntan a que se trataría del “volteo de tierras” en varios municipios de la Sabana de Bogotá, en donde las administraciones municipales cambiaron artificiosamente el uso del suelo para permitir urbanizar extensos predios, otras señalan que se trata, en realidad, de un departamento de la costa Caribe en donde denuncias anónimas de los últimos meses han dado fuertes pistas sobre una intrincada red de corrupción con tentáculos a nivel regional y local, e incluso nacional.

Listas medidas en caso Bioenergy

Otro caso que estaría a punto de dar resultados de alto impacto en la Fiscalía es el relacionado con las investigaciones de presuntas y millonarias anomalías en la empresa Bioenergy, sobre todo por el proceso de construcción de la planta de etanol en el Meta, que hoy está bajo la lupa penal, disciplinaria y fiscal por sobrecostos cuantiosos, grandes atrasos en la ejecución del proyecto, fallas en la contratación e irregularidades en la compra de predios. Los resultados de las auditorías de Ecopetrol, que contaron incluso con asesoría internacional, serían muy alarmantes y están ya en la Fiscalía que se alista a proferir las primeras medidas.

Los cálculos de la Contraloría sobre pérdidas y capital cesante superarían los 150 millones de dólares. Es más, ya el fiscal Néstor Humberto Martínez viajó a España meses atrás y trató el tema con las autoridades judiciales, dado que el contratista principal es un consorcio ibérico que tuvo problemas para terminar la obra.

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