Un extraordinario artículo central de la revista "Semana", actualmente en circulación, demuestra los tentáculos de la corrupción en el continente. De hecho, en la portada, aparecen los rostros de quienes han ocupado la Presidencia en los respectivos países, durante los últimos años, y que hoy se encuentran condenados, imputados o sindicados por los organismos judiciales.  Inclusive el título hace honor a la dimensión de la debacle latinoamericana: Todos untados. Los escándalos van de "Lava Jato" en Brasil, con la reciente condena de nueve años de cárcel al expresidente Luis Inácio lula Da Silva, hasta las investigaciones preliminares que se adelantan contra el presidente argentino, Mauricio Macri, en relación con las concesiones a ciertas aerolíneas, y las muy incipientes del expresidente chileno Sebastián Piñera, hoy aspirante a la reelección. En la carátula aparecen los que han ocupado el solio presidencial en Brasil, Argentina, Perú, Panamá, Chile, El Salvador y Guatemala. Aparte de "Lava Jato", el escándalo por excelencia en América Latina es, claro está, el de Odebrecht. La adivinanza, por cuenta de la carátula, es el país que evidentemente falta...¿Adivina adivinador, cuál es el ave que chupa la flor?

El silencio de Santos

Y hablando del caso Odebrecht, sorprendió mucho que el presidente Santos, tras lo afirmado por la Fiscalía en su carta al CNE, no se hubiera pronunciado, dada la gravedad de la conclusión del ente acusador en torno a que su campaña reeleccionista sí ingresaron recursos de la multinacional, que tiene abiertos por lo menos 13 procesos penales en el ente acusador, así como pesquisas en la Procuraduría y la Contraloría, al igual que en el propio tribunal electoral. No hay que olvidar que es la primera vez que la Fiscalía asegura de forma abierta y directa que tanto la campaña santista como la uribista tuvieron nexos financieros con el cuestionado consorcio brasileño por cuyos sobornos y tráfico de influencias ya están hoy tras las rejas algunos ex altos funcionarios de los gobiernos Santos y Uribe, y en la mira de jueces y fiscales varios exministros, exministras y una decena de congresistas.

La promesa presidencial de abril

No hay que olvidar que en repetidas ocasiones el Jefe de Estado se ha referido al caso Odebrecht e incluso le llegó a pedir al CNE, en marzo, que analizara la posibilidad de levantar la prescripción para que pudiera investigar las cuentas de su campaña en 2010. Sin embargo, el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la certeza de la entrada de los recursos de la cuestionada multinacional se dio alrededor de la campaña de 2014. Es más, el propio Santos, en abril pasado, en un foro denominado “Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia”, recalcó que reiteraba “…una vez más que todo nuestro interés -nuestro único interés- es que la verdad salga a la luz y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas y funcionarios que hayan participado en estos sobornos”.

¿Plan anticorrupción a medias?

Precisamente en ese foro -como lo recordara días atrás un congresista uribista al advertir que el Gobierno había incumplido sus promesas-, fue donde Santos puso sobre el tapete ocho medidas que harían parte del nuevo plan anticorrupción. Medidas que tenían que ver con fortalecer las unidades élite respectivas de la Policía, más dientes a las superintendencias, la petición al Consejo de la Judicatura para que autorizara la creación de jueces especiales para  delitos contra la administración pública y extinción de dominio, la instauración de la cátedra de educación cívica, una bancarización total del sistema de contratación con el Estado, la concertación con el sector privado de normas sobre el llamado lobby o cabildeo, así como la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto.

¿… Y los proyectos de ley?

Precisamente, en el Congreso se espera que al arrancar la última legislatura del gobierno Santos se cumpla la promesa presidencial de radicar una serie de proyectos de ley y acto legislativo para reforzar la lucha contra la corrupción. En abril, el Jefe de Estado anunció que se llevaría al Parlamento proyectos sobre Protección de Denunciantes, Registro de Beneficiarios Reales y Reducción de los beneficios por allanamiento de cargos así como la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos.