El Gobierno está muy preocupado porque crece la lista de personas condenadas por delitos que no tienen relación directa con el conflicto armado pero que aun así buscarán someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Por ese ‘boquete’ legal podrían llegar, incluso, a cobijarse funcionarios públicos y contratistas que fueron encontrados culpables de corrupción y desgreño administrativo. El Ejecutivo ya fue alertado de varias movidas de abogados a este respecto y, en atención a ello, están estudiando la posibilidad de cerrarles la puerta a todos estos ‘colados’ por medio de la reglamentación que tiene que hacerse del acto legislativo mediante el cual se aprobó la JEP.

Aval de justicia ordinaria

Según conoció EL NUEVO SIGLO de una alta fuente gubernamental, esa reglamentación partiría de la base de establecer varios requisitos adicionales, uno de los cuales señalaría que la posibilidad de postularse para ser juzgado dentro de la JEP debe ser avalada por el juez que profirió la condena en la justicia ordinaria. Esta instancia debe certificar que el procesado puede pasar a la justicia transicional porque el delito por el cual fue judicializado tiene relación directa con el conflicto armado. Según la fuente consultada, este mecanismo elevaría el papel de la justicia ordinaria dentro de todo el acuerdo de paz y establecería una correlación de responsabilidades con la jurisdicción especial. La idea, de concretarse, será consultada con las altas Cortes judiciales en próximas semanas.

Peros a La U y liberales

En las toldas de Cambio Radical se asegura que los ministros de ese partido, que hoy ocupan las carteras de Vivienda y Ambiente, seguirán en sus cargos al menos por lo que resta de este año, salvo que algunos de los titulares decida dar un paso al costado por cuestiones personales. Según un parlamentario de esa colectividad, las intenciones de La U y los liberales por forzar un reacomodo del gabinete no han tenido eco en la Casa de Nariño, como tampoco las “previsiones catastróficas” de algunos parlamentarios y dirigentes de los dos partidos mencionados en torno a que una vez Germán Vargas Lleras saliera de la Vicepresidencia, se iría en lastre contra el Gobierno y el proceso de implementación del acuerdo de paz.

Ojo a la inflación (I)

Distintas interpretaciones en los gremios económicos tuvo el hecho de que la inflación en el primer trimestre hubiera crecido el 2,52 por ciento, lo que significa, entonces, que en apenas tres meses el aumento de costo de vida ya consumió el 63 por ciento del máximo de la meta prevista por el Banco de la República para este año, que es del 4 por ciento. Para algunos jefes de los gremios productivos es claro que en 2017 no se va a cumplir la previsión del Emisor, pero la inflación sí será menor a la registrada el año pasado. Para otros voceros gremiales lo que se está quedando en evidencia es que el Gobierno fue demasiado “optimista” con sus expectativas inflacionarias y no sopesó en su justa dimensión el impacto de la reforma tributaria.

Ojo a la inflación (II)

“… Hay que diferenciar cuando la inflación cae porque los productos, bienes y servicios de la canasta familiar bajan de precio, de aquella situación en donde la rebaja no corresponde a un abaratamiento de precios sino a una disminución del consumo, que se refleja en el aumento de los inventarios de la industria y del comercio, así como en un menor dinamismo productivo, que ya está presionando al alza el desempleo, que llegó a 10, 5 por ciento”, dijo un dirigente gremial en charla off the record con un periodista de EL NUEVO SIGLO.