Durante un debate que la bancada de la costa Caribe citará para analizar el escenario después de la decisión de la Superintendencia de Servicios Púbicos de liquidar Electricaribe, una de las principales recomendaciones al Gobierno será la de contratar a una de las firmas de abogados internacionales más experimentadas en pleitos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial. Ya se sabe que Gas Natural contrató a una de las firmas ibéricas más importantes a nivel europeo en este tipo de pleitos, que además de tener una amplia experticia en contenciosos comerciales también cuenta entre sus asesores con un gran número de ex embajadores que conocen muy bien los intríngulis de la diplomacia de alto nivel.

Bufete sería de orden internacional

La propia ministra de Comercio, María Clara Lacouture, indicó el viernes pasado que se está en ese proceso de elección del equipo de defensa jurídica y no descartó que se contrate a un bufete internacional para afrontar un pleito que, según las aspiraciones de la multinacional ibérica, podría superar los mil millones de euros. De igual manera, se sabe que desde la Cancillería colombiana se está trabajando ya en una estrategia conjunta para instruir a todos los embajadores y cónsules sobre la forma en que deben explicar en sus respectivas sedes el pleito de Electricaribe, a sabiendas que el tema puede impactar en los flujos de inversión extranjera y poner en duda la seguridad jurídica para los capitales foráneos.

Auditoría, la carta de Gas Natural

Lo cierto es que desde ya se sabe que la base del pleito será la situación financiera y operativa de Electricaribe y si tenía el suficiente margen de acción para seguir prestando el servicio en la Costa Caribe. El diario El País, de España, reveló la semana pasada que Gas Natural tiene entre sus cartas para justificar su demanda contra el Estado colombiano la última auditoría de PricewaterhouseCoopers, “de fecha del 30 de septiembre de 2016, en la que se puede comprobar que el estado financiero de Electricaribe era saneado. De acuerdo con esas cuentas auditadas, la sociedad presentaba un patrimonio neto de 620 millones de euros (1,867 billones de pesos colombianos). A dicha fecha y según la auditoría, la deuda financiera ascendía a 515 millones de euros (1,566 billones de pesos), mientras que las deudas comerciales por cobrar se elevaban a 440 millones de euros (1,34 billones de pesos) y el total de activos de la compañía a 1.800 millones de euros (5,4 billones de pesos)”.

Las razones de la Superintendencia

La Superintendencia, cuando anunció la semana pasada la liquidación de Electricaribe, sostuvo que tras la intervención meses atrás de esa empresa “…se construyó un modelo financiero que ha permitido predecir, con un alto grado de precisión, los flujos de caja que generará en los siguientes cinco años. También se proyectaron, hacia el futuro, los índices de calidad del servicio a cargo de la compañía bajo diferentes niveles de inversión. Las conclusiones de los detallados estudios elaborados por la Superintendencia permiten afirmar hoy que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe”.

El delicado flanco político 

Otro de los temas que se han desprendido del pleito alrededor de Electricaribe es el flanco político. Un dirigente de la oposición indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que el asunto ya se volvió una “papa caliente”, porque se “puede estar o no de acuerdo con la actuación del Gobierno y la Superintendencia en el caso, pero las críticas que hagamos pueden convertirse en munición para Gas Natural y su demanda contra el Estado, que es por más de mil millones de euros, y perder un pleito de esa magnitud sería ruinoso desde el punto de vista fiscal”.