Todo hace prever que el Gobierno podría designar al exmagistrado de la Corte Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, como Ministro de Justicia. Sin embargo, en fuentes palaciegas se insiste que no se puede descartar que el exministro Yesid Reyes regrese al cargo al que renunció el año pasado cuando el presidente Santos lo ternó para Fiscal General de la Nación. Si llega Porto, Reyes tendría otra designación e incluso se asegura que en la Casa de Nariño no descartan que también entre en una de las dos ternas que el Presidente de la Republica tiene que enviar al Senado para escoger dos magistrados de la Corte Constitucional. Como se sabe, la jurista Cristina Pardo ya renunció a la Secretaría Jurídica de Palacio y se da por segura su postulación también por parte de Santos.

¿Mermelada para gobernadores y alcaldes?

Desde el uribismo hay voces que advierten, en privado, que el Gobierno está cediendo rápidamente a presiones de los gobernadores  y alcaldes, sobre temas que van desde reversar la medida que bajaba los ingresos regionales y locales por la sobretasa a la gasolina hasta redireccionar 1,5 billones de pesos de las regalías, destinados a proyectos de ciencia, para invertirlos ahora en la red vial.  “… No le puedo decir que aquí haya mermelada, pero sabe,  se ve, se reparte y se unta como la misma”, dijo un parlamentario de Centro Democrático en charla off the record con un periodista de EL NUEVO SIGLO.

¿Y el reemplazo de Hernández?

Varios dirigentes gremiales están a la expectativa de quién será el sucesor de Gerardo Hernández en la Superintendencia Financiera, luego de su designación por parte del presidente Santos como codirector del Banco de la República, en reemplazo de Carlos Gustavo Cano. Como se sabe, este cargo junto al de Superintendente de Sociedades y el de Industria y Comercio ahora tienen un período fijo, con el fin de evitar eventuales manipulaciones políticas o burocráticas en las funciones de estos entes de control. Esa premisa se implementó en Colombia acorde con las directrices de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que dentro de sus modelos de prácticas de buen gobierno insiste en que deben blindarse estos cargos de las coyunturas políticas y gubernamentales para garantizar su capacidad fiscalizadora y sancionatoria. Por el momento, según fuente de la Casa de Nariño, no hay mayores datos respeto a cuáles son los nombres que se están manejando  para su eventual reemplazo.

Sin acercamiento Verdes-Fajardo

No existe por el momento ningún acercamiento oficial entre el Partido Verde y Compromiso Ciudadano por Colombia, de Sergio Fajardo. Por lo  menos así se lo indicó a EL NUEVO SIGLO una alta fuente del movimiento del exgobernador, según la cual hay mucha “especulación” respecto a una coalición de la que podrían hacer parte, de cara a la campaña presidencial, precandidatos como Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, entre otros.  “…El exgobernador continúa recorriendo el país y no está en plan de precandidato ni candidato todavía, simplemente quiere conocer de primera mano las problemáticas de cada región y cuáles serían las soluciones que se podrían implementar para enfrentarse…. De coaliciones no se ha hablado nada… Una cosa es lo que se dice en Bogotá y otra muy distinta lo que está pasando en las regiones”, dijo la fuente consultada.

Ojo a decisión sobre cárceles

A propósito de un editorial esta semana de EL NUEVO SIGLO en torno a la solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional para que ordene el cierre de las cárceles de Riohacha y de Bellavista (en Bello, Antioquia) una alta fuente del tribunal le dijo a un periodista de este diario que se trata de una situación bastante complicada que la opinión pública y muchos sectores no han analizado a fondo y que tiene que ver, directamente, con las sentencias T-762 de 2015 y T-153 de 1998 de la Corte, respecto a las obligaciones del Estado para superar de forma definitiva la crisis en las prisiones, en donde el hacinamiento sigue por encima del 50 por ciento y el respeto a los derechos fundamentales de los reclusos continua en rojo.