A tres semanas del inicio de la legislatura ordinaria, en el Congreso ya dicen que es necesario apretar el acelerador de varios de los proyectos derivados del acuerdo de paz con las Farc que se están tramitando por la vía del ‘fast track’. Esto porque hay por lo menos diez debates de control político haciendo cola para ser agendados a partir del 16 de marzo. Iniciativas que se refieren a temas como el escándalo de Odebrecht, el procesos de paz con el Eln, la polémica sobre la inversión de las regalías, las relaciones con Venezuela, el paro camionero, el impacto de la reforma tributaria, la propuesta de reforma política,  el panorama económico y otros más. Los voceros de varios partidos han advertido que estos debates de control político deben ser programados obligatoriamente por las mesas directivas así el Gobierno no quiera distraer la discusión de la implementación normativa del acuerdo con las Farc.

Santos y sus 18 meses

Un senador de La U, en charla informal con varios periodistas del Congreso, trajo a colación que el presidente Santos le dijo a ese partido en el cónclave de hace dos semanas que todavía le quedaban más de año y medio de mandato y que puede que la prensa dijera que ya tenía el “sol a las espaldas” pero que en realidad aún queda mucho tiempo de gestión y muchas tareas por cumplir. Según el congresista, se entendió el mensaje del Jefe de Estado como un llamado a que se hablara menos de campaña y más de cómo terminar el mandato.

Atentados, en submesa con Eln

El llamado que hiciera el expresidente Uribe para que se congele el proceso de negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla del Eln no será atendido por la Casa de Nariño, que ha insistido que una de las premisas de estas tratativas es que se dialoga en medio del conflicto. Sin embargo, una alta fuente gubernamental sí le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que además del tema del cese del secuestro y las hostilidades contra la población civil, uno de los primeros acuerdos que se buscaría en la submesa sobre mecanismos para desescalar el conflicto en términos del Derecho Internacional Humanitario sería el vetar los atentados a los oleoductos por el grave impacto ambiental que producen.

Ofensiva contra inflación normativa (I)

En un país en donde el Congreso es protagonista de la llamada “inflación legislativa”, la depuración normativa sigue avanzando de manera lenta pero sostenida. Se sabe que los ministerios como Hacienda, Vivienda, Trabajo e Interior están en proceso de revisar cerca de 7.719 normas para determinar si son obsoletas o inútiles. El Gobierno ya derogó hace dos años más de diez mil decretos y leyes que no tenían aplicación práctica, ya fuera porque el objeto que regulaban se cumplió o desapareció o incluso fue reformado por una norma posterior. La depuración normativa es clave para aumentar la coherencia legal y reglamentaria, así como disminuir los elementos que incrementan la inseguridad jurídica.

Ofensiva contra inflación normativa (II)

Según el Ministerio de Justicia, en los nueve proyectos pilotos de revisión normativa en el último año en los  ámbitos de cinco carteras, al igual que en los sectores de  información estadística, inteligencia estratégica, inclusión social y reconciliación así como deporte, los criterios que se aplican para depurar una ley son su nivel de aplicación real o también por el llamado principio de “derogación orgánica”, es decir cuando una ley puede considerarse por fuera del sistema jurídico actual debido a que ya se ha expedido una nueva norma que regula la materia íntegramente. Gran parte de decretos ya no son viables porque el objeto, tarea o nombramiento que ordenaban ya se cumplió, o se trataba de normas de carácter temporal. En el segundo semestre de 2016 se analizaron 4.075 normas (el 32% de 12.598) y cerca de 800 de diferentes sectores se encuentran pendientes por analizar.