Ahora que se está hablando de la posibilidad de liquidar o suprimir diez entidades del orden nacional, como parte del apretón presupuestal en que está jugado el Gobierno, volvió a ponerse sobre la mesa la idea que surgiera semanas atrás en el Congreso respecto a acabar con el Inpec y remplazarlo con una institución más pequeña y especializada en el manejo del sistema de prisiones. Aunque cuando surgió la propuesta el Gobierno dijo que estaba abierto a la discusión, lo cierto es que la “idea nació muerta”, según una alta fuente de la Casa de Nariño, no sólo porque remplazar al Inpec no es nada fácil sino porque se vendría un pleito de amplias dimensiones puesto que esa entidad es precisamente una de las que más sindicatos tiene en el país. “Es como patear un avispero”, precisó la fuente.
Proyectos “fantasmas”
Con esa expresión califican en los pasillos del Senado la insistencia de los parlamentarios del partido Liberal de volver a presentar iniciativas que ya han sido tratadas en anteriores legislaturas pero nunca terminan por ser aprobadas. De un lado está la repetida propuesta para reformar la fórmula de cálculo para el precio de los combustibles, que volvió a asomarse al Congreso pese a que se ha hundido varias veces e incluso se trató de impulsar vía referendo. Y de otra parte, también se radicó de nuevo el proyecto para reglamentar el cabildeo o lobby, que ya ha sido discutido tiempo atrás pero que no logró el visto bueno, debido a las implicaciones que tiene una iniciativa en esa dirección.
No en 2015 (I)
Hay dos razones de peso para que en las elecciones regionales y locales del próximo año no se esté contemplando la posibilidad de que entre en vigencia el voto obligatorio que fue incluido en el primer debate de la reforma al sistema de equilibrio de poderes. De un lado, dado que es un acto legislativo, si la iniciativa avanza sólo terminaría de ser aprobada al finalizar el primer semestre de 2015, pero el voto obligatorio no podría entrar en aplicación inmediata pues es necesario tramitar una ley estatutaria (por tratarse de un derecho fundamental) que regule lo relativo a los tipos de sanciones a quien no sufrague, las excepciones que podrían aceptarse, nuevo plan de estímulos al elector y otros temas no menos complejos. Una ley así tardaría, por lo menos, cuatro meses en tramitarse y aprobarse, y luego debe ir a revisión previa de la Corte Constitucional. Sólo en 2016 podría tener vía libre.
No en 2015 (II)
La segunda razón para no aplicar el voto obligatorio en las elecciones regionales y locales de octubre de 2015 se debe a que no pocos de los asesores políticos de la Casa de Nariño han advertido que en nivel internacional está comprobado que todo gobierno que impone este tipo de sufragio termina siendo el primer afectado en las urnas, pues el abstencionista se inclina mayoritariamente por el voto protesta o el voto castigo. Es claro que ese riesgo no se puede correr si de por medio está la posibilidad de que en esa misma jornada electoral de octubre de 2015 se pueda someter a consideración ciudadana el referendo por la paz para refrendar un eventual acuerdo con las Farc.