Muchas preguntas generó ayer la advertencia del procurador Alejandro Ordóñez en torno de que funcionarios del Gobierno se estarían reuniendo en La Habana con delegados de las Farc sin tener permiso del alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. La Casa de Nariño de inmediato empezó a indagar al respecto y se sabe que hubo llamadas a la capital cubana para establecer con la delegación negociadora del Ejecutivo, que ayer terminó una nueva ronda de discusión, a quiénes se podría estar refiriendo el jefe del Ministerio Público.
¿Prejuicio?
Pero mientras que ello ocurría en el alto gobierno, se sabe que un grupo de abogados y ONG empezó a evaluar si la afirmación de Ordóñez y su referencia directa al caso del hoy preso exprecandidato presidencial uribista, Luis Alfredo Ramos, no habría configurado ya un prejuicio del Procurador General, lo que podría llevar a que, en adelante, tenga que apartarse por completo del proceso penal que se le sigue por presunta parapolítica al exgobernador antioqueño en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En los próximos días se sabrá si se recusará directamente a Ordóñez, aunque se cree que no hay lugar a recurso alguno puesto que los conceptos ante la Sala Penal están en cabeza de un procurador delegado para ese alto tribunal.
Campanazo sindical
Los sindicatos están alistando el arsenal de argumentos que llevarán a la Mesa de Concertación Salarial que se convocará para que centrales obreras, Gobierno y empresarios traten de llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de aumento del sueldo mínimo en 2014. “… Los cafeteros pararon, y los ayudaron… Los paperos pararon, y los ayudaron… Los lecheros pararon, y los ayudaron… Los campesinos pararon, y el Gobierno les prometió ayudas por más de 1,4 billones de pesos… Los trabajadores aún no hemos parado pero si es necesario para que el aumento salarial sea justo y progresivo, lo haremos…”, precisó un reconocido dirigente sindical en diálogo informal con un periodista de EL NUEVO SIGLO.
Más mantras presidenciales
En los corrillos políticos se afirma que el presidente Santos se le está acabando el margen de tolerancia que se fijó frente a las actitudes desafiantes y pronunciamientos disonantes de algunos senadores y representantes de La U. Incluso, se dice que el Jefe de Estado ya habría ampliado su menú de “mantras”, pues al que tiene desde hace tiempo para evitar entrar en controversia directa con el expresidente Uribe, ahora le suma otros que, con nombre propio, hacen referencia a varios congresistas de La U.
Mano dura
El Gobierno está muy preocupado por el creciente número de incidentes violentos que protagonizan las llamadas ‘barras bravas’ de algunos equipos de fútbol profesional. Por lo mismo, se está abriendo camino una propuesta para establecer una especie de ‘bloque de búsqueda’ que tendrá como único objetivo identificar a los líderes e integrantes más agresivos de las barras, hacerles seguimiento dentro y fuera de los estadios, establecer cuáles son los dirigentes que les regalan boletas para ir a los partidos y, con base en toda esa información, armar expedientes que permitan, cuando hayan desórdenes patrocinados por los vigilados, poder judicializarlos de manera rápida, drástica y ejemplarizante.