Con reserva fue recibido entre algunos juristas y exmagistrados constitucionales el proyecto de ley que presentó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con el objetivo de agravar las penas a quienes bloqueen vías o utilicen capuchas en desarrollo de los cierres de facto en carreteras en donde se presenten actos de vandalismo. De un lado, hay expertos penalistas que piensan que se está aquí ante un nuevo caso de “populismo punitivo”, pues es claro que la iniciativa responde a un hecho puntual y coyuntural derivado de la crisis de orden público que se registró en los recientes paros agrarios.

Reforma tempranera

Incluso hay penalistas que  consideran que proceder a reformar una ley, como la 1453 de 2011 o de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que ya de por sí había agravado el castigo a quienes bloqueaban vías, es muy apresurado, pues la norma ha tenido poco tiempo de aplicación real.

¿En contravía?

De acuerdo con un penalista de primer nivel, que habló bajo la condición del anonimato, “no se entiende a qué juega el Gobierno en materia de Política Criminal, pues mientras por un lado, al menos con la anterior ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se habló de la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de castigo y resocialización de presos que no implicaran afectar la libertad (teniendo como telón de fondo el hacinamiento carcelario y el poco uso de penas alternativas distintas a la intramural), ahora el aumento de penas a quienes bloqueen vías lo único que busca es evitar que el delito sea excarcelable”.

Capucha, ¿agravante?

“… Una cosa es la agravación de determinado tipo penal, lo cual es viable desde el punto de vista legislativo y jurídico, pero otra muy distinta es elevar el uso de una capucha a una especie de instancia de agravación o pre-delito, pues allí esa norma se acerca mucho a ese margen de acción que tiene el derecho a la protesta y la huelga… La capucha no es un agravante penal, el agravante debe originarse, fácticamente, de elementos objetivos, típicos y antijurídicos que hacen más grave la conducta ilegal base de la imputación”, precisó, a su turno, un exmagistrado consultado por EL NUEVO SIGLO.

Susto legislativo

La presencia sorpresiva de efectivos del CTI el miércoles en el Congreso puso al punto del ataque de nervios a más de un parlamentario. Como no se sabía a quién se iba a capturar, en cuestión de minutos hubo un alud de hipótesis entre los senadores, representantes a la Cámara, periodistas, funcionarios y visitantes. Se dijo, por ejemplo, que el CTI venía por varios parlamentarios involucrados en la investigación por las anomalías en la Dirección Nacional de Estupefacientes. También se alcanzó a pensar que era un nuevo envión del proceso de la parapolítica y se mencionaron, incluso, los nombres de dos senadores y un representante. E incluso se especuló sobre un expresidente del Senado. El susto pasó luego de conocerse que el objetivo era el parlamentario andino Óscar Arboleda, pese a que la sede del organismo queda al norte de la ciudad.