En los análisis que se hacen en las distintas campañas electorales sobre los resultados de las encuestas de esta penúltima semana de campaña presidencial, de cara a la votación en primera vuelta, se abarcan todos los flancos y se derivan las respectivas conclusiones. Paradójicamente en esas profundizaciones se llega al extremo de ubicar a las firmas encuestadoras como más partidarias o cercanas a determinada corriente política o candidatura. Es más, en no pocas ocasiones se afirma que la misma metodología que se utiliza es clave para poder favorecer a determinado aspirante o inclinar la balanza en contra de otro. ¿Quisquillosidad política?

¿Unificar metodología?

Lo cierto es que en una de las campañas el tema de las encuestas ha resultado tan debatido que, incluso, uno de los congresistas que trabaja en la misma se comprometió a que tan pronto comience a sesionar el próximo Congreso presentará un proyecto de ley que -explicó- buscará que los estudios de opinión en materia electoral tengan que ser uniformados. “… En varios países las encuestadoras aplican en materia electoral una metodología base estándar, lo que les permite a las campañas y los candidatos estar seguros de cuáles son las reglas del juego en la recolección, análisis y presentación de los resultados”, explicó a EL NUEVO SIGLO una alta fuente de la campaña, que pidió la reserva de su nombre y de la misma candidatura.

Debates por obligación

Pero las reformas en materia electoral no pararían ahí. Un congresista del Polo indicó que se presentará una reforma a toda la ley marco y una de las propuestas que se incluirían sería que dentro de los compromisos que un aspirante adquiere en el momento de inscribir su candidatura a laCasa de Nariño, está el asistir a como mínimo dos debates en los medios manejados por el Estado, es decir, los públicos. De acuerdo con el congresista, si el parlamentario no asiste, puede delegar a un representante de su campaña. “… Aquí hay reposición de votos, es decir, el Estado paga a la campaña por cada sufragio… Esos son recursos públicos y la ley debe llevar a que en aras de la transparencia democrática los candidatos informen sus programas”, precisó.

En mira de extradición

Las autoridades estadounidenses tiene bajo lupa las informaciones en torno de que en Colombia la minería ilegal se convirtió en la principal vía para lavar dineros producto del narcotráfico, sobre todo las operaciones ilícitas que llevan a cabo grupos guerrilleros y las denominadas “Bacrim”. Eso podría llevar a que un numeroso grupo de nombres y alias entren en poco tiempo al cartel de los más buscados por E.U. en Colombia, incluso ofreciendo millonarias recompensas y quedando en la mira de procesos de extradición. No se trata de una tarea sencilla, puesto que, como se sabe, los cabecillas de las Bacrim tienen un alto nivel de rotación, a tal punto que cuando las autoridades reportan que se abatió o capturó a uno de los jefes, ya se sabe en el mundo de la mafia quién será su sucesor.