La controversia está a la orden del día en el Partido Liberal, pues mientras algunos parlamentarios consideran que la colectividad debe proyectar perfiles ante la Casa de Nariño para que se tomen en cuenta en la conformación de la terna para la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia semanas atrás de Jorge Armando Otálora por las acusaciones de presunto acoso sexual, otros congresistas sostienen que no le conviene a la colectividad entrar en la puja por ese cargo, no sólo por el costo político del escándalo reciente, sino porque las toldas rojas, en realidad, deberían fijar su mira en la posibilidad de que la Procuraduría o la Fiscalía quede en cabeza de uno de los suyos. Lo cierto es que hay cuenta regresiva sobre el tema, puesto que el proceso para la elección del nuevo Defensor empezará en pocas semanas, una vez inicien las sesiones ordinarias del Congreso y la Cámara, como órgano nominador, acepte oficialmente la renuncia de Otálora. Se dice que en el liberalismo un exministro y un excongresista han adelantado contactos ya con la bancada e incluso con otros partidos.

Emergencia en Corte

Y hablando de elecciones, ya en los corrillos políticos y jurídicos volvieron a tomar fuerza los sonajeros sobre los posibles integrantes de la terna que proyectará el presidente Santos para reemplazar al fiscal general Eduardo Montealegre, cuyo periodo termina en un poco más de cinco semanas. Se insiste en círculos cercanos a la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de la respectiva elección, que uno de los más posibles candidatos ha continuado sus acercamientos con casi todos los magistrados, a pesar de que apenas 17 están en titularidad, pues hay seis vacantes desde hace varios meses que no han sido reemplazadas en propiedad, en tanto que a Leonidas Bustos se le vence el periodo en marzo y Fernando Giraldo llegará a la edad de retiro forzoso en junio. La posibilidad de que la Corte supliera, hace dos semanas, algunas de las vacantes se truncó porque varios de ellos viajaron al exterior. Como se sabe, para la elección de Fiscal General se requiere el voto positivo de 16 de los 23 magistrados, lo que significa que -ido Bustos- quedarían sólo 16 magistrados y toda elección (incluyendo las de los propios juristas)  tendría que ser unánime, a menos que en las próximas cuatro semanas la Corte llene algunas de las plazas vacantes. De allí el estado de urgencia que hay en el alto tribunal por estos días.

Grado de inversión, eje de presión

La reforma tributaria estructural sí será llevada al Congreso en el segundo semestre. Tanto en la Casa de Nariño como en el Ministerio de Hacienda no hay duda al respecto, y menos aún después de que la calificadora de riesgo Standard and Poor´s rebajara esta semana la nota crediticia de Colombia. Incluso en el Congreso algunos senadores de las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara han advertido a varios periodistas que “están viendo” que el Gobierno va a impulsar el proyecto bajo la tesis “urgente” de que si no se aprueba el ajuste de impuestos el país podría perder la calificación de “grado de inversión” en menos de un año. Como se sabe, Standard and Poor´s (S&P) mantuvo la nota BBB a la deuda externa de Colombia, dos escalones por encima del grado de inversión, pero advirtió que se requieren reformas urgentes en el plano fiscal para evitar un retroceso más.