Para nadie es un secreto que una de las etapas más difíciles en las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia arrancó con la llegada al poder del coronel Hugo Chávez a principios de 1999. Con anterioridad, los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1994) y Rafael Caldera (1994-1999) habían sostenido relaciones medianamente tranquilas con sus contrapartes César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), salvo los ya conocidos picos de tensión por el diferendo limítrofe. Vino el primer mandato de Chávez y hubo muchos altibajos entre él y la administración Pastrana, sobre todo alrededor del proceso de paz con la guerrilla, para ir luego a las  relaciones tirantes en grado máximo que sostuvieron Álvaro Uribe y el mandatario venezolano. A Santos le correspondió el cambio de tono frente a Caracas, que funcionó mientras Chávez vivió, pero es claro que con el sucesor de éste, Nicolás Maduro, también se han registrado altibajos, el último de ellos la protesta colombiana por el decreto (ya derogado) del Palacio de Miraflores que intentó delimitar áreas del diferendo en el Golfo de Coquivacoa.

Un triunfo diplomático

Como a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es necesario registrar un episodio de la mayor trascendencia, mantenido en reserva en su momento, que significó un triunfo diplomático clave de la administración Pastrana y su canciller Guillermo Fernández de Soto de cara al naciente gobierno de Chávez Frías en 1999. Como se sabe, una vez posesionado, el primer acto de gobierno del mandatario venezolano fue convocar una asamblea con el encargo de redactar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente estuvo dominada por  el chavismo que, en asocio del gobierno, presentó un proyecto de Carta Política.

El articulito

Pues bien, en uno de sus artículos el proyecto constitucional consagraba la declaratoria de invalidez de todos los tratados y laudos arbitrales suscritos y aceptados desde la independencia por Colombia y Venezuela. Esto significaría, ni más ni menos, borrar de un plumazo la frontera que se extiende desde la Orinoquia hasta el mar Caribe. Incluso hay tratadistas e internacionalistas que llegan a considerar esta clase de decisiones como un ‘acto de guerra’.

Cabeza fría

Notificados de ello, el Gobierno colombiano procedió con cabeza fría. Reunió a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y allí se acordó un plan de acción frente a la negativa de Chávez de recibir al entonces embajador en Caracas, Luis Guillermo Giraldo. Por ello se le solicitó al ex embajador y empresario Pedro Gómez Barrero, de buen recibo en Caracas, tocar las puertas del Palacio de Miraflores y tratar de persuadir al alto gobierno y sus constituyentes en el sentido de dar inmediata marcha atrás en su propósito en materia de fronteras en la Carta Política.

El plan

El Gobierno colombiano pidió a dos expertos en derecho internacional y constitucional, Juan Daniel Jaramillo y William Zambrano, que acompañaran a Gómez Barrero en este delicado trabajo. Jaramillo, en licencia de la ONU, y Zambrano (actual magistrado del Consejo de Estado) entonces profesor de la Universidad del Rosario, en sucesivos viajes a Caracas trataron de persuadir discretamente a ese gobierno y los constituyentes. Ese trabajo de filigrana diplomática dio frutos pues finalmente la Asamblea constituyente estableció el actual artículo 10 de la Constitución de Venezuela, que es una reiteración apegada a la legalidad del principio uti possidetis juris que invoca los límites heredados de la Capitanía General de Venezuela.