Sorprendió la decisión del Gobierno de pedir la nulidad del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la reforma al fuero penal militar. En primer lugar porque no se entiende cómo se puede impugnar un fallo del cual apenas si se conoce un corto comunicado pero el texto de la sentencia como tal sólo se publicaría en uno o dos meses, o incluso más. Proyectar un fallo de nulidad sin conocer el fondo argumental de la sentencia de la Corte es abiertamente apresurado y pondría en evidencia que la decisión de solicitar la nulidad responde más a un hecho político que jurídico.

Sin antecedentes

En segundo lugar, la Corte nunca ha echado para atrás una de sus sentencias por la vía del recurso de nulidad. Lo que sí ha hecho es revocar en sala plena (los nueve magistrados) decisiones de la sala de revisión de acciones de tutela (compuesta apenas por tres), que es una cuestión muy distinta, pues se trata de recursos de amparo y no de sentencias en firme. En cuanto a nulidad de sentencias no hay antecedente, e incluso las que se presentaron contra el fallo que fijó un límite a las pensiones de congresistas, el que despenalizó tres casos de aborto o abrió paso a la unión marital entre personas del mismo sexo, han sido rechazadas por el alto tribunal.

Mensaje a FF.MM.

Ahora, es obvio que cuando el Presidente decide pedir la nulidad del fallo está enviando un mensaje de apoyo concreto al estamento militar y policial, en donde hay sectores que no sólo culpan al Gobierno y sus mayorías parlamentarias de no haber sido lo suficientemente cuidadosos para blindar el trámite de la reforma, sino que hay cierta incomodidad porque vieron a Santos defendiendo ante la Corte el Marco Jurídico para la Paz (que permite dar gabelas políticas y judiciales a la guerrilla), pero no pasó lo mismo con el fuero castrense. Hay que aclarar aquí que con el Marco la Corte convocó audiencia pública pero no lo hizo así con el tema del fuero.

Tiene margen…

Frente a quienes dicen que el Gobierno por la vía de pedir la nulidad del fallo escogió el camino más difícil, pues esta decisión podría demorarse muchos meses, hay tesis en contra. La principal, que de nada serviría que mañana el Gobierno presentara al Congreso el mismo texto de la reforma que se cayó, pues al ser acto legislativo la iniciativa tendría que ser aprobada en sus primeros cuatro debates antes de diciembre 16, para lo cual el tiempo ya es insuficiente. La única salida es presentar el proyecto en marzo y sólo podría ser aprobado en el segundo semestre, muy cerca de diciembre.

El riesgo…

En ese orden de ideas, entonces pedir la nulidad ahora es una maniobra aceptable pues, igual, no se iba a poder hacer nada en los próximos cinco meses -sólo en marzo arrancaría el segundo tramo de la legislatura- y quien quita que, en el entretanto, la votación 5-4 que hundió la reforma al fuero en la Corte, se pudiera voltear a favor de mantener vigente el acto legislativo. El problema está en si el alto tribunal no tomará la petición de nulidad como un desafío institucional, algo aún más complicado en la antesala de una nueva cumbre Gobierno-Cortes para analizar la crisis judicial.