Muy preocupados se encuentran en la Cancillería por reportes de las embajadas de Colombia en distintas partes del mundo en torno de la forma en que en varios países la prensa internacional hizo eco a los ataques con ácido a mujeres y hombres que se han presentado en nuestro país. Incluso algunos de esos reportes han comparado estos casos con hechos bárbaros ocurridos en dictaduras y regímenes de facto, así como con las más crueles torturas mafiosas. Una vez más la imagen de nuestro país en el exterior se ve golpeada por hechos de violencia, pero esta vez no derivados del conflicto armado, sino de casos de intolerancia y delincuencia común.

¿Y la economía?

En altos círculos empresariales se afirma que hay preocupación porque hasta el momento las agendas económicas de los candidatos presidenciales han estado en un tercer plano, sin que haya una idea clara de cuáles serían los cambios que sufriría la política sectorial en caso de un cambio de mando en la Casa de Nariño. Es más, la incertidumbre por lo que pueda pasar en este campo ya estaría contagiando el clima de negocios, pues algunas propuestas de inversión se estarían desacelerando hasta que se aclare el panorama en las urnas en mayo y junio.

Lupa constitucional

Una de las mayores inquietudes de varios concejales de Bogotá frente al proyecto de acuerdo sobre cobros a conductores por circular en sectores de alta congestión de tráfico en la capital del país, radica en el blindaje jurídico de la medida. Según conoció EL NUEVO SIGLO, se está consultando la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno de los límites que las autoridades pueden interponer al derecho de libre locomoción de la ciudadanía, pues hay diferencia entre una restricción al tráfico automotor como el Pico y Placa, a cobrar por transitar en vehículo en determinadas zonas, pues si alguien no tiene cómo pagar podría alegar que es víctima de una discriminación por defecto ¿Será?

¿Impacto al turismo?

La decisión de que las Fuerzas Militares, en especial el Ejército, puedan entrar después de Semana Santa a ayudar en la vigilancia y control de zonas críticas de Bogotá, si bien cayó muy bien en muchos sectores políticos, gremiales, sociales, económicos e institucionales, también generó preocupación en algunos nichos de turismo de la ciudad, al considerar que  la presencia de las tropas en las calles, haciendo retenes, pidiendo identificaciones y demás actividades propias de estas tareas castrenses, siempre causa impacto en los viajeros y visitantes, pues es sinónimo de que hay nivel de riesgo o de inseguridad extrema.

Agua fría  

El espaldarazo que la Procuraduría dio a que los congresistas puedan tramitar ante el Gobierno los llamados “cupos indicativos”, es decir, partidas presupuestales con destino a inversión en proyectos y programas en sus respectivas regiones, cayó como un balde de agua fría en las toldas del Centro Democrático que le habían venido insistiendo a los entes de control que le pusieran freno a lo que han dado en llamar “la mermelada presupuestal”, e incluso habían elevado ya denuncias ante el mismo Ministerio Público, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y hasta en la Fiscalía.