“NO VUELVE, ESO ES SEGURO …”. Esa fue la respuesta que un alto cargo de la Cancillería le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le preguntó si creía que el suspendido titular de la entidad, Álvaro Leyva, volvería al cargo en la primera semana de mayo, cuando se vencerían los tres meses de separación del cargo que le impuso la Procuraduría en el marco del proceso disciplinario que le adelanta por las irregularidades en la revocatoria de la licitación de los pasaportes. “… Aquí todos dan por sentado que el doctor Leyva no vuelve… De hecho, el canciller encargado (Luis Gilberto Murillo) cambió a varios de sus principales altos funcionarios… Además, no solo sigue el juicio disciplinario, sino que dos tutelas y la decisión de la misma Procuraduría, a finales de marzo, negaron levantar la suspensión, pese a que ya ese tema, por delegación legal motivada ordenada por el canciller Murillo, no lo maneja del despacho del ministro, sino la secretaría general”, precisó la fuente.
A LA VENEZOLANA... Se está abriendo paso una estrategia política multipartidista para que, a partir de agosto próximo, una vez el presidente Petro entre a la segunda mitad de su mandato, los sectores de oposición e independientes comiencen a estructurar una hoja de ruta de cara a buscar la unidad de la centroderecha con miras a los comicios presidenciales de 2026. Dirigentes del más alto nivel, incluso con algunas consultas ya con expresidentes y excandidatos presidenciales de 2022 y 2018 que no aspiran a repetir postulación, piensan que se podría abocar una estrategia parecida a la de la oposición venezolana, que ha logrado aglutinar la mayor parte del antichavismo en una sola mesa.
SONAJERO TEMPRANERO. Aunque aún falta más de un año para el relevo, que se daría en enero de 2025, ya comienza el sonajero para suceder a la procuradora Margarita Cabello. Por ejemplo, el excontralor Carlos Felipe Córdoba está a la espera de un concepto del Consejo de Estado en el que pide que le aclaren si puede aspirar al ente disciplinario homologando su experiencia como jefe del ente de control fiscal y sumando algunos libros de su autoría. Esto debido a que se exigen para ocupar la cabeza del Ministerio Público 15 años de experiencia en la rama judicial. Otro que también podría estar en baraja es Iván Darío Gómez Lee, quien fue procurador delegado en el periodo de Fernando Carrillo. Para la Defensoría (Carlos Camargo termina su periodo en septiembre de este año) estarían en la baraja María Fernanda Rangel, delegada de Derechos de la Mujer de la Defensoría, y el exsenador Manuel Enríquez Rosero, quien podría tener el aval del Centro Democrático. La U, Cambio Radical y los conservadores también mueven sus fichas privadamente.
DUELO DE NOMBRES. Si bien es cierto que el proyecto de acto legislativo que abre la puerta al transfuguismo partidista no ha empezado a debatirse en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en las toldas petristas dan por sentado que esa iniciativa saldrá adelante, ya que no solo tiene el apoyo de la mayoría parlamentarios de la centroizquierda, sino también de congresistas de los partidos de oposición e independencia. Sin embargo, hay algunas diferencias en las huestes gobiernistas. Por ejemplo, mientras la mayoría de voces señalan que se debe mantener el nombre del Pacto Histórico para el partido único que cree para los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026, hay otras que consideran que debería apostar mejor por el Colombia Humana, la colectividad de base del presidente Petro.
TEMA INTOCABLE. Contra viento y marea sigue adelante la intención del Gobierno de confeccionar un proyecto de reforma a la justicia para llevarlo al Congreso al comienzo de la tercera legislatura, es decir después del 20 de julio. EL NUEVO SIGLO habló con uno de los integrantes de la comisión que creó el Ejecutivo para los efectos, de la cual hacen parte múltiples sectores del área judicial. Preguntado en torno a si dicha comisión no había perdido vapor por la propuesta del presidente Petro de citar una asamblea Constituyente “popular”, la fuente indicó que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, les dijo que una cosa no tenía que ver con a otra y que, ante las dudas de algunos integrantes, la prohibición de la reelección es un asunto intocable.