Hace un año el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunciaba al país una decisión que, entonces, generó reacciones encontradas. Se trataba de prorrogar por un año el proceso de venta del 57% de acciones que tiene la Nación en la generadora eléctrica Isagen. El aplazamiento de la subasta se justificó en la solicitud de los proponentes interesados, en ese entonces  consorcios de Estados Unidos, China, Francia y España, que preferían esperar a que entrara en funcionamiento Hidrosogamoso, pues era claro que las acciones tenían un precio con este proyecto funcionando, y otro con la sola expectativa. Al Gobierno le pareció prudente conceder ese plazo, bajo la tesis de que con la hidroeléctrica boyacense a pleno vapor entonces el precio de la subasta sería mucho más alto.

Cambio de tercio

Para ese preciso momento, el panorama económico era distinto al de hoy. En agosto del año pasado los precios del petróleo apenas si empezaban su lenta descolgada y nadie podía vislumbrar que en los siguientes meses el valor del barril de crudo perdería un 40% de su valor, poniendo en aprietos las finanzas estatales, lo que llevó dos meses después a impulsar una reforma tributaria y recortar el Presupuesto General para 2015. Es más, en agosto pasado el propio Cárdenas aseguraba que el aplazamiento de la subasta de Isagen no tenía ningún impacto sobre el presupuesto para el segundo semestre ni incluso para el 2015, ya que los recursos irían ciento por ciento para el financiamiento de las concesiones de cuarta generación.

Vuelve y juega

Pues bien, empujado obviamente por la descolgada en el precio del petróleo, que le creó un hueco superior a los 10 billones de pesos a las finanzas públicas en el último año, el Gobierno decidió al comienzo de este año volver a impulsar la subasta de Isagen, pese a la creciente oposición a esa operación por parte de algunos gremios, sindicatos, Congreso y hasta el propio uribismo, que consideran un error vender un activo estratégico como la central energética. Insistiendo en que lo que se buscaba era cambiar un activo importante por otro, en este caso el de infraestructura vial moderna y competitiva, el Gobierno siguió adelante en espera de conseguir no menos de cinco billones de pesos en la subasta. Ya para mediados de mayo había tres de las compañías precalificadas: GDF Suez (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield (Canadá).

A última hora

Cuando todo parecía listo para que la subasta se llevara a cabo ese 19 mayo, se dio un hecho sorpresivo: el Consejo de Estado emitió el día 14 una medida cautelar suspendiendo el proceso, bajo la tesis de que había que resolver primero varias demandas en curso contra esa privatización. Faltando apenas cinco días para la subasta, el Ministerio de Hacienda no tuvo opción distinta a acatar la orden de suspensión, pero anunció un recurso de súplica, el mismo que fue negado por el Consejo de Estado semanas después, ratificando la suspensión.

Todo congelado

Hoy, un año después de que fuera el Gobierno el que aplazara la venta de Isagen, el proceso se mantiene suspendido hasta que el Consejo de Estado dé su fallo definitivo. Ya se realizó una primera audiencia, pero se cree que sólo a finales del año o incluso comienzos del próximo habría humo blanco. En el entretanto, el Gobierno urge más recursos, el petróleo sigue de capa caída y el dólar se cotiza a $ 3.000, lo que incidirá sobre el precio final de la subasta accionaria.