Golpe paisa
La captura del precandidato presidencial Luis Alfredo Ramos no sólo significó un golpe duro a la imagen nacional e internacional del uribismo, sino que podría arrastrar un lesivo efecto electoral. Si bien el expresidente Uribe tiene en Antioquia su fortín político principal, la presencia de Ramos le permitía amarrar de forma disciplinada y estructurada mucha votación en los municipios. Fuentes de ese movimiento político indicaron que en las cuentas del Centro Democrático está el que Antioquia debe poner no menos del 20 al 25 por ciento de los votos del total que sume esa facción en todo el país en los comicios parlamentarios de marzo, y debería tener un peso porcentual mayor en lo relativo a la consulta interna presidencial.
Eco externo
La noticia de la orden de captura contra Ramos tuvo amplio eco internacional, no sólo porque se trata de un precandidato presidencial, sino porque resucitó en los despachos de prensa internacional el sonado escándalo de la parapolítica. En todos los cables se destacó que en los últimos años, sobre todo en el gobierno del expresidente Uribe, decenas de dirigentes políticos terminaron tras las rejas por relaciones con grupos paramilitares.
Al tablero
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, sería citada al Congreso para que explique cómo va el proceso de implementación de la Ley 1620 que entró en vigencia en marzo pasado y que busca prevenir y combatir las peligrosas prácticas de “matoneo” escolar. La norma deja en cabeza de las secretarías de Educación seccionales y locales la obligación de socializar la norma y promover las instancias para su aplicación. Se le preguntará a la Ministra cuántos pactos de convivencia se han firmado entre secretarías, universidades, docentes, rectores, estudiantes, familiares y asociaciones estudiantiles. La Ley en mención creó el Sistema Nacional para la Convivencia Escolar, que debe ser impulsado por el Ministerio.
¿Y los presos?
Y hablando de citaciones, varios parlamentarios están planeando pedir a los ministros del Interior y Justicia, Fernando Carrillo y Ruth Stella Correa, respectivamente, así como al fiscal Eduardo Montealegre, que expliquen ante la plenaria del Senado por qué se está, presuntamente, vulnerando lo mandado por la Ley de Seguridad Ciudadana, en torno del castigo penal que se debe imponer a quienes bloquean las vías. La idea de citar a los tres altos funcionarios surgió no sólo por la afectación producida por las manifestaciones agrarias de los últimos días, sino por informes de prensa según los cuales gran parte de los capturados por bloqueos siempre terminan quedando libres en pocos días y sin ningún tipo de judicialización.
Más leña…
Con suma preocupación fue recibida en varios sectores económicos la tendencia al alza que tiene en los últimos días la cotización del barril de petróleo en los mercados internacionales, en donde ya bordea los 110 dólares. Es claro que si la tendencia se mantiene, sobre todo por la incertidumbre y temor a una intervención militar en Siria, el precio interno de los combustibles deberá ser reajustado en el último trimestre, lo que no sólo impactará la inflación sino, lo más peligroso, alborotará aún más los ánimos de los gremios del transporte, en especial de los camioneros, que insisten en que el precio de la gasolina y el ACPM baje, por lo menos, un 20 por ciento.