El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, apunta a ser el primer alto funcionario del Gobierno investigado por la Procuraduría a raíz de los hechos del pasado jueves, cuando varios cabecillas de las Farc realizaron en evento en el corregimiento de El Conejo, zona rural de Fonseca (La Guajira), que se supone estaba destinado para una “jornada pedagógica por la paz” con guerrilleros, pero que terminó en un acto público en el que se vieron involucrados civiles y fue evidente la presencia de insurgentes armados. La carta del pasado viernes del procurador Ordóñez al Ministerio de Defensa pidiéndole explicaciones al titular de la cartera, Luis Carlos Villegas, sería el puntal de lanza para que el Ministerio Público, con base en la respuesta, abra una pesquisa disciplinaria contra Jaramillo, de cuya oficina  salen oficialmente las directrices que debe cumplir la Fuerza Pública cuando se da permiso para que los negociadores guerrilleros vengan a Colombia a hablar con sus frentes en distintas zonas del país. 

En la mira (II)

Si bien es cierto que en la última reforma a la Ley de Orden Público, en 2014, se estableció una especie de blindaje penal y disciplinario a los negociadores gubernamentales en proceso de paz, el mismo se refiere a las gestiones realizadas en el marco de los diálogos y tratativas con grupos armados ilegales, pero no cobija actos como el alegado por el Procurador en torno al retiro de la Fuerza Pública de cualquier zona de territorio nacional, que está prohibido por la misma norma, y que dejó en peligro a la población civil pues quedó expuestos a guerrilleros armados.

Neutralizar paro

El Gobierno se está tomando muy en serio la convocatoria de un paro nacional por parte de los sindicatos y otras instancias gremiales para el 17 de marzo. Según trascendió esta semana se habría ordenado ya a los ministros que evaluaran, en lo de su competencia, los motivos de protesta de los distintos sectores, y buscaran solucionar en lo más posible las causas de la inconformidad, obviamente dentro de los límites establecidos por un escenario fiscal y presupuestal estrecho así como sin poner en riesgo posiciones inamovibles en materia económica, laboral, social y de política gubernamental. Lo que más preocupa al Ejecutivo es que el transporte público se pueda llegar a sumar a la protesta, porque es claro que eso potencializa la fuerza de todo paro, por lo que se trabajará intensamente con las agremiaciones de carga por carretera así como de buses y taxis a nivel nacional para evitar que se unan a la manifestación de mediados de marzo.

Lobby de alto nivel

En círculos diplomáticos se asegura que Colombia está moviendo sus fichas de manera callada pero efectiva para trata de sumar apoyos para que un alto representante de nuestro país llegue a la cabeza de un importante organismo internacional a cuyo titular se le vence el período próximamente. Según fuentes de algunas embajadas en Bogotá, en el lobby ha participado desde la Casa de Nariño y la Cancillería hasta el cuerpo de embajadores colombianos. Las cuentas que se hacen es que existe ya el suficiente respaldo para lograr la respectiva designación.