Llamativas las respuestas de varios voceros políticos en el informe publicado en la edición del lunes pasado por EL NUEVO SIGLO en torno a la creación de las zonas de concentración para las Farc, que se debatirá a partir de mañana, cuando arrancan la sesiones extraordinarias del Congreso en las que se reformará la Ley de Orden Público. Como se sabe, en esas zonas se aspira a ubicar a los guerrilleros cuando arranque el cese el fuego y de hostilidades con las Farc. Sobre el número de zonas hay debate. Se afirma que la guerrilla pidió más de 50 pero el Gobierno considera que no deberían ser más de 10 o 15. Los conservadores dicen de 15 a 18, el uribismo no precisó número alguno pero recalcó que debían ser las mínimas posibles. Los liberales tampoco arriesgaron un número pero indicaron que los negociadores llegarían a una cifra “prudente”. La U indicó que  como las Farc piden 80 y el Gobierno ofrece no más de una docena, lo obvio es que entre menos sean, más fácil verificarlas. En tanto Cambio Radical respondió que no deberían ser más de siete. El Polo, por último, respondió que no tenía elementos de juicio sobre un tema tan técnico.

¿Vivirían allí?

Otra de las preguntas que se les hizo a los voceros partidistas es si ellos permitirían que sus familias vivieran en una zona de concentración de las Farc. El senador conservador Juan Manuel Corzo dijo que no le vería problema. Su colega uribista Iván Duque dijo que esas zonas eran espacios reducidos, fincas, y no podían quedar cerca de la población civil. Para el presidente del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco, si le tocara vivir en una de estas zonas, lo haría. El presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, insistió en que en esas zonas no puede haber ningún tipo de población civil. El senador Roy Barreras, presidente de La U, respondió tanto su familia como todas las de Colombia viven en un país en donde las Farc han actuado por 60 años. Por último, Clara López, presidenta del Polo, dijo que aunque era una pregunta “teórica” su respuesta era sí, aclarando que ella vive en Bogotá y “es muy difícil pensar que en una zona apartada del territorio uno pueda saber cómo es la vida”.

Ojo a las demandas

Y hablando de las zonas de concentración para las Farc, un exmagistrado de una alta Corte le recordó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que se debe revisar en los debates a su posible creación el “riesgo  fiscal”. Recordó que tras la zona de despeje del Caguán fueron millonarias las demandas contra el Estado por casos secuestros, extorsión, robos, expropiación a sangre y fuego, miles de cabezas de ganado perdidas en los 40 mil kilómetros cuadrados y una gran cantidad de detrimentos que los demandantes alegaron sufrieron durante los tres años largos en que funcionó esa zona desmilitarizada, que inició en enero de 1999 y terminó en febrero de 2010, cuando el presidente Pastrana les dio 48 horas a los guerrilleros de las Farc para salir de la misma antes de que las Fuerzas Militares reingresaran.