Paradójicamente, pocos dirigentes y partidos salen invictos cuando se cruzan acusaciones. Comicios parlamentarios también impactados

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Meses atrás se decía que la corrupción sería, al lado del debate sobre la paz y la crisis económica, uno de los temas centrales de la campaña presidencial. Hoy ese flagelo, si bien continúa en el centro de la agenda proselitista, también está empezando a adelgazar la nómina de precandidatos y candidatos a la Presidencia así como de aspirantes al Congreso.

Al igual que el “Proceso 8.000” en 1994 y 1998, o la parapolítica en 2006, 2010 e incluso 2014, ahora los procesos por los multimillonarios sobornos en Colombia del consorcio brasileño Odebrecht o el reciente escándalo que involucra a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en presuntas manipulaciones de procesos penales contra congresistas y otros aforados, están removiendo el escenario político a escasos siete meses de las elecciones de Congreso y nueve de la primera vuelta para la Casa de Nariño.

Por ejemplo, las pesquisas de la Fiscalía por los sobornos por más de 84.000 millones de pesos pagados por Odebrecht para hacerse, tanto en los gobiernos Uribe como en los de Santos, a contratos de obras públicas, ya tienen consecuencias políticas de alto calibre.

La primera y, sin duda, más determinante fue el aplazamiento de la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga en el Centro Democrático. Su paso al costado obligado se dio cuando la Fiscalía puso la lupa en las denuncias de los ejecutivos de Odebrecht en torno a que esa compañía habría pagado una parte del sueldo del asesor político brasileño de la campaña de Zuluaga en 2014, Eduardo ‘Duda’ Mendonça. Denuncias dieron paso también a una investigación formal en el Consejo Nacional Electoral.

No se trata de un hecho menor: Zuluaga ganó la primera vuelta presidencial en 2014 y perdió la segunda con el presidente Santos pese a sumar siete millones de votos. Incluso, si bien el uribismo tiene un amplio ramillete de precandidatos, ninguno de ellos repunta en las encuestas por encima del 3% de preferencias, en tanto que cuando Zuluaga estaba en competencia aparecía en la parte media y alta de los sondeos, apenas superado por Germán Vargas, Sergio Fajardo y Gustavo Petro.

Incluso, el precandidato uribista Iván Duque -de quien se dice sería el más opcionado para ganar la contienda interna- fue mencionado en este caso, pero replicó que no tuvo ninguna responsabilidad administrativa ni financiera en la campaña 2014 y sólo acompañó a Zuluaga a una reunión con Mendonça y nada más.

Nuevo flanco

Pero este no es el único caso de un presidenciable al que los escándalos de corrupción amenazan con bloquearle sus aspiraciones para 2018. Esta semana, la Fiscalía reveló que la DEA remitió los audios de las interceptaciones a las conversaciones del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons; el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno; y el socio de este último, abogado Leonardo Pinilla. Estos dos últimos ya capturados.

Como se ha denunciado, Moreno pidió al exmandatario, investigado por varios casos de corrupción, un soborno por un millón de dólares. En esas ‘negociaciones’ hay audios en donde Pinilla habla con Lyons de los casos penales de los senadores Hernán Andrade y Musa Besaile, así como del exgobernador Luis Alfredo Ramos, mencionando de paso a los exmagistrados y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Las referencias, según las inferencias de las autoridades, podrían tener relación con presuntas actuaciones anómalas de los juristas frente a los casos de los parlamentarios y el exmandatario seccional antioqueño.

Pocos días después ya la Sala Penal de la Corte y la Procuraduría abrieron investigaciones contra los dos senadores, en tanto que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara hizo lo propio con los dos exmagistrados.

El flanco de impacto electoral aquí recae principalmente sobre Ramos, quien estuvo más de tres años preso por una acusación de parapolítica y recuperó su libertad en noviembre pasado. Desde entonces empezó a sonar como posible precandidato presidencial y ha realizado giras en varias zonas del país. Paralelamente a esa labor proselitista de bajo perfil, pero incluido ya en las encuestas como un aspirante más, ha estado esperando que la Sala Penal de la Corte le archive el proceso, pero eso no ha sucedido. Ahora la situación se le complica aún más porque el hoy detenido exjefe anticorrupción de la Fiscalía fue su abogado defensor ante la Corte, de la que hicieron parte Bustos y Ricaurte.

Aunque Ramos esta semana dijo que era por completo ajeno a ese escándalo y que en el proceso en su contra por parapolítica está comprobado que hubo testigos falsos, es claro que la posibilidad de que pueda lanzarse como precandidato presidencial –ya sea a nombre del uribismo o del conservatismo– se le complicó sustancialmente.

Por otra parte, en los últimos meses se venía hablando de que el exmagistrado Ricaurte sería también precandidato conservador, opción que nunca se concretó pero que ahora no tiene viabilidad política alguna. Es más, está inscrito como candidato a ser magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero es claro que tampoco tendrá allí chance.

“Varios congresistas salpicados no buscarían reelección, en tanto el desprestigio de la política asquea a la opinión pública”

Y, por último, esta semana no fueron pocas las críticas al precandidato presidencial Alejandro Ordóñez, señalando que durante sus siete años como Procurador General le dio cuotas burocráticas a Bustos y otros magistrados de las altas cortes hoy bajo sospecha. 

Los coletazos

Es indudable que los escándalos de Odebrecht, el recién destapado en la Corte Suprema de la Justicia y los millonarios sobrecostos en Reficar, entre otros, tienen un efecto demoledor sobre la mayoría de los partidos políticos. Los gobiernos Santos y Uribe se cruzan todos los días señalamientos sobre cuotas de responsabilidad de cada uno en estos casos de corrupción. Paralelamente a ello la desfavorabilidad del Jefe de Estado sigue muy alta y el exmandatario también ha empezado a perder imagen positiva, con todo lo que ello implica política y electoralmente en el objetivo –del primero– de proyectar un sucesor y –del segundo– de volver al poder.

Como ya se dijo, la campaña uribista de 2014 ya tiene investigación formal en el CNE por los nexos con Odebrecht y se espera que en pocos días se tome similar decisión sobre la de Santos. Igualmente, altos funcionarios, incluso exministros de lado y lado, ya están en la cárcel o en la mira de la Fiscalía por los sobornos para los distintos tramos y adiciones de la Ruta del Sol.

Aunque los candidatos y precandidatos tratan de tomar distancia lo más posible de los escándalos, en medio de una ola de corrupción en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial muy pocos salen invictos en el cruce de acusaciones y ‘recorderis’, ya sea sobre hechos recientes o de antaño.

Es claro que ante la opinión pública y en medio de la campaña electoral la forma en que la corrupción está salpicando a diestra y siniestra está golpeando a muchos. Por ejemplo, en La U los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías (detenido) y Musa Besaile –los de mayor votación– parece que no buscarán la reelección. Igual pasaría con otros de los parlamentarios mencionados tanto en los casos Odebrecht y las anomalías en la Corte.

Como se ve, la corrupción se tomó la campaña política y electoral, no sólo en cuanto a ser pieza central de las propuestas de candidatos a Congreso y Casa de Nariño, sino como elemento que empieza a ‘quemar’ a mucho aspirante y partido, en medio de un desprestigio de la política sin precedentes y una opinión pública asqueada.

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