Se rumora en distintos círculos políticos que esta semana o, a más tardar la próxima, la Mesa de Negociación de La Habana hará un nuevo anuncio alrededor de un acuerdo sobre el cese el fuego y de hostilidades, así como del número y localización de las “zonas de ubicación” en que se concentrarán los contingentes subversivos. Las partes han indicado que no ha sido nada fácil alcanzar los consensos necesarios pero se pusieron como meta que antes del 15 de junio debe anunciarse el respectivo parte. Fuentes cercanas al proceso en La Habana insisten en que el tema del cronograma del desarme es el punto más complicado de acordar, sobre todo porque el Gobierno insiste en que para el día de la votación de un eventual plebiscito por la paz no puede haber un solo guerrillero de las Farc armado, así esté en las “zonas de ubicación”. Habría algunas excepcionalidades, como podría ser que la seguridad de los cabecillas subversivos estuviera a cargo, inicialmente, de sus propios escoltas que portarían armas cortas.
“Zonas” y censo electoral
Sin embargo, se conoció por estos días una hipótesis según la cual el hecho de que las Farc pudieran quedarse con una parte de su arsenal no sería “tan grave”, no solo porque se supone que ya estaría en vigencia el cese el fuego y de hostilidades (el cual no es posible si alguna de las partes enfrentadas es desarmada totalmente), sino porque en el Ejecutivo se estaría pensando que el hecho de que los subversivos estuvieran armados en las “zonas de ubicación” no afectaría la votación de un eventual plebiscito por la paz, ya que la cantidad de civiles que estaría en las “zonas de ubicación” –y que eventualmente podrían ser presionados por los insurgentes- sería muy reducida y representaría un porcentaje ínfimo del censo electoral vigente.
Ojo al compromiso
A ello se suma que dentro de las “reglas del juego” que el Congreso y el Gobierno pactaron, cuando se reformó la llamada “ley de Orden Público”, está el compromiso del Ejecutivo en torno a que las áreas en que se concentraría a los guerrilleros en tregua bilateral no incluirán cascos urbanos y las instituciones civiles, administrativas y Fuerza Pública seguirán vigentes. Entre la bancada uribista se asegura, en voz baja, que ese compromiso gubernamental no fue aceptado por las Farc en la Mesa de Negociación hace varias semanas pero el Gobierno no ha querido notificárselo al Parlamento ni al país, en espera de poder presionar a la guerrilla a que acepte los condicionamientos, entre los que también se encuentra que las “zonas de ubicación” no estarán en zonas de frontera como tampoco en áreas en donde haya presencia de narcocultivos.
Réplicas listas
En fuentes cercanas a la negociación con las Farc se asegura que los integrantes de su comisión negociadora le siguen el paso, desde La Habana, a las declaraciones que da el jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, cada vez que viene a Colombia a intervenir en el Congreso, foros y eventos gremiales y académicos en distintas ciudades. Toman nota de todos sus conceptos, los evalúan y tan pronto como se reinstala la Mesa, empiezan a poner sobre el tapete las réplicas del caso a lo dicho por el jefe de la contraparte.