La sanción ayer de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue el banderazo que estaban esperando varios parlamentarios y distintos sectores que venían desde hace algunas semanas confeccionando sendas demandas contra la iniciativa que contiene la hoja de ruta gubernamental para el cuatrienio. Se sabe que están listas o anunciadas no menos de una decena de demandas ante la Corte Constitucional. Las parlamentarias se centran sobre todo en presuntos vicios de forma en el trámite de la iniciativa, errores que, de constatarse, podrían ser subsanados devolviendo el proyecto al Parlamento. Sin embargo, otras demandas apuntan al fondo y alegan, por ejemplo, que hay serios vicios de exequibilidad ya que la Ley del Plan reformó no menos de cuarenta leyes, en algo que los críticos no han dudado en calificar como “atajo legislativo”.
Cascada de demandas (II)
“… Nosotros creemos que hay vicios de forma y fondo muy evidentes en la Ley del Plan… Por ejemplo, la propia Corte ha tumbado varias leyes porque violaron los principios de consulta previa con las minorías indígenas y afrodescendientes, y en la Ley del Plan se incluyeron varios artículos que flexibilizan licenciamiento ambiental y otros trámites por la vía general, sin excepcionar lo que tiene que ver con los territorios de las minorías, allí es muy posible que la Corte tumbe esos artículos… Mire no más lo que pasó hace unas semanas con la decisión del Consejo de Estado que suspendió sendas resoluciones de los ministerios de Minas y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que viabilizaban la exploración minera en 516 zonas del país ¿La razón? No consultar previamente a las minorías”, dijo ayer un parlamentario, que pidió la reserva de su nombre.
‘Consejito’ parlamentario
No existe en el Congreso mayor ambiente para que en el segundo semestre el Gobierno presente grandes proyectos de ley o de reforma constitucional. Por lo menos así lo indicaron varios senadores y representantes a la Cámara al ser interrogados sobre cuáles serían las prioridades legislativas a partir del 20 de julio, cuando se instale la segunda legislatura. Incluso, algunos parlamentarios admitieron que le habían dicho a los ministros que evaluaran muy bien qué iniciativas presentarían, puesto que era imposible desconocer la “realidad política” de los congresistas que se meterán de lleno en la recta final de la campaña para las elecciones regionales y locales de octubre. ¿Qué dirán en la Casa de Nariño?
Nada cambió
Como siempre ocurre cuando se acerca una cita en las urnas y las encuestas empiezan a tener más eco sobre el panorama político, en el Congreso, los partidos y los candidatos se multiplican las voces que consideran que deben extremarse los controles a las empresas que realizan estos sondeos de opinión. Hace un año, tras los comicios de Congreso y presidenciales, se dijo que se radicarían varios proyectos de ley en ese sentido, pero al final de cuentas nada pasó y, salvo las medidas de autorregulación de las propias encuestadoras, pactadas con el Consejo Nacional Electoral, continúa vigente la misma normatividad que aplicó en el primer semestre proselitista de 2014.